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¿Debería el congresista separarse de su cargo mientras avanzan los procesos en su contra?
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir investigación formal contra el senador Alirio Barrera Rodríguez, del partido Centro Democrático, por el delito de acto sexual violento. La decisión, que se conoce en las últimas horas, corre en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda y representa un nuevo escalón en el proceso que comenzó con una denuncia radicada ante el alto tribunal el pasado 6 de marzo.
Los hechos que dieron origen a esta investigación se remontan al 2016, cuando Barrera se desempeñaba como gobernador de Casanare. Según el relato de la denunciante, ella buscó al entonces mandatario departamental con un propósito específico: solicitarle apoyo para organizar un evento de juventudes cristianas. Fue recibida en el despacho del gobernador y fue allí, de acuerdo con la versión que reposa en el expediente, donde habría ocurrido la agresión sexual. La Corte, tras evaluar los elementos presentados, determinó que existen méritos para abrir una investigación formal en contra del congresista.
Este no es, sin embargo, el único frente judicial que enfrenta el senador del Centro Democrático. Paralelamente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adelanta un proceso administrativo en su contra por una presunta acumulación indebida de terrenos de origen baldío. El expediente, que cursa en la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, involucra más de 400 hectáreas ubicadas en los municipios de Nunchía y Aguazul, en el departamento de Casanare.
La normativa colombiana en materia de tierras es clara al respecto: ninguna persona puede adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la extensión supera los límites máximos fijados para la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Esta figura busca precisamente evitar la concentración de la tierra de origen baldío y garantizar que los terrenos mantengan la finalidad social con la que fueron concebidos. Para la zona de Aguazul, por ejemplo, el tope máximo permitido para una persona que no sea sujeto de reforma agraria es de 61 hectáreas.
La conclusión preliminar a la que ha llegado la Agencia Nacional de Tierras es que los bienes de Alirio Barrera habrían superado ampliamente ese límite. De acuerdo con las primeras estimaciones del organismo, el congresista habría acumulado 6,7 veces el tope de tierras al que tendría derecho en esa región del país. En términos concretos, el excedente sería de 351 hectáreas por encima de lo permitido. La investigación administrativa busca determinar si hubo una violación a las normas que regulan la posesión de baldíos y, de ser así, cuáles serían las consecuencias legales para el senador.
El presidente de la República se pronunció en su cuenta oficial de X, sobre el caso con una reacción que no pasó indadvertida en el espectro político. En sus declaraciones, el mandatario se refirió al congresista en los siguientes términos: “Un senador del Centro Democrático presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este gobierno”. Una frase, cargada de calificativos, muestra una vez más la tensión política entre el Ejecutivo y la oposición, representada mayoritariamente por el partido Centro Democrático.
Las preguntas que el presidente dejó flotando en su intervención apuntan a dos direcciones. Por un lado, se preguntó cuántas reformas impulsadas por su gobierno en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera. Por otro lado, lanzó una cuestión de fondo sobre la cultura política del país: “¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”. El mandatario no ofreció más detalles sobre sus afirmaciones, pero su intervención dejó claro que el caso del senador Barrera adquiere también una dimensión política que trasciende lo estrictamente judicial.
Por ahora, el senador Alirio Barrera no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la apertura de la investigación penal ni sobre el proceso que adelanta la ANT. Su defensa, que tiene acceso al expediente de la Corte Suprema, deberá decidir si solicita la práctica de pruebas o si, por el contrario, presenta argumentos para solicitar el cierre de la instrucción. El caso, por su naturaleza y por los cargos que involucra, se perfila como uno de los procesos de mayor visibilidad contra un congresista en ejercicio en lo que va del año.
Juan Joya
