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¿Bloqueo al cambio o defensa de la ley?
Con una votación de 6 contra 2, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro había decretado la primera emergencia económica, social y ecológica de su mandato. La decisión, contenida en la Sentencia C-075 de 2026 con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, tumbó el intento del Ejecutivo de recaudar cerca de 11 billones de pesos por fuera del trámite legislativo ordinario. Los magistrados Vladimir Fernández y Héctor Carvajal salvaron su voto al considerar, en términos técnicos, que la declaratoria de emergencia sí se ajustaba a la Constitución.
El origen de la controversia se remonta a diciembre pasado, cuando el Congreso de la República hundió la ley de financiamiento del Gobierno. En reacción, el presidente Petro expidió el decreto de emergencia argumentando una amenaza inminente por tres frentes: un déficit de 3,3 billones de pesos para nivelar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) entre regímenes de salud, el hueco fiscal dejado por la no aprobación de los ingresos tributarios para el presupuesto de 2026, y una crisis de tesorería que, según el Ejecutivo, ponía en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal y el servicio de la deuda. Sin embargo, la Corte determinó que siete de los ocho hechos invocados no cumplían los requisitos constitucionales de sobreviniencia, extraordinariedad e imprevisibilidad.
“La Corte Constitucional concluyó que el Decreto no cumplía los requisitos exigidos para declarar un estado de emergencia, tras analizar los ocho hechos invocados por el Gobierno”, explicó el alto tribunal en su sentencia. Y añadió que “siete de esos hechos no eran sobrevinientes, extraordinarios ni imprevisibles, sino situaciones estructurales, persistentes y conocidas que debían atenderse por vías ordinarias”. En particular, la Sala Plena subrayó que justificar la emergencia en el cumplimiento de obligaciones del sistema de salud no supera el juicio de sobreviniencia, pues se trata de un mandato legal de larga data, y que el hundimiento de una ley de financiamiento es un escenario previsible dentro del trámite legislativo.
Horas después del fallo, el presidente Gustavo Petro reaccionó defendiendo la lógica de los estados de excepción. “Todo decreto de emergencia asume el trabajo legislativo de manera transitoria y se hace porque no se puede esperar los lapsos de tiempo legislativo en el congreso para evitar los daños al país”, señaló el mandatario. Advirtió que la decisión de la Corte materializó el riesgo que se pretendía evitar: “La Corte Constitucional al no aprobar la emergencia y suspenderla lo que produjo fue que hizo realidad lo que era un hecho sobreviniente probable; efectivamente se encareció la déuda en billones de pesos”. Según Petro, el costo de la deuda pública pasó de niveles del 7% a tasas de interés cercanas al 13%, lo que calificó como “una verdadera pérdida de riqueza nacional que pasa a ser utilidades de los dueños del sistema financiero”.
El respaldo al fallo llegó rápidamente desde algunos sectores gremiales y de oposición. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, fue enfático al señalar que el déficit fiscal y los problemas presupuestales no son hechos recientes, sino situaciones acumuladas que deben tramitarse por las vías ordinarias. “No se puede utilizar la figura de emergencia para resolver problemas estructurales”, sostuvo Castañeda, al tiempo que advirtió que el Gobierno no puede hacer reformas tributarias a través de decretos de emergencia, pues esa es una función exclusiva del Congreso.
Por su parte, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, calificó la sentencia como “una decisión clave para la defensa de la institucionalidad” y subrayó que “la urgencia no puede reemplazar la legalidad, ni las medidas excepcionales convertirse en regla”.
El impacto político del fallo abrió una grieta profunda entre el oficialismo y la oposición. El partido Cambio Radical celebró la decisión y citó al excandidato Germán Vargas Lleras: “Decretar la emergencia económica confirma el desprecio del señor Petro por el Legislativo, por la separación de poderes y, en últimas, por la Constitución Nacional”. El representante Mauricio Parodi, de la misma colectividad, afirmó que “Petro hizo trampa para decretar la emergencia económica y abusar de su poder”.
En contraste, el exdirector del DPS Gustavo Bolívar denunció un “bloqueo” sistemático contra el Gobierno: “No dejaron gobernar a Petro. No sé cómo este país no está hundido”, escribió, mencionando que se han frenado dos leyes de financiamiento, una reforma tributaria y tres emergencias económicas.
El Partido Conservador, por su lado, advirtió que la independencia de la Corte “se pondrá en grave riesgo si regresa un gobierno proclive a concentrar poder de esta forma”. La sentencia también dejó claro que los decretos legislativos 1474 de 2025 y 044 de 2026 continúan sin producir efectos jurídicos hasta que se emita una decisión definitiva sobre su constitucionalidad.
Juan Joya
