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El presidente Gustavo Petro anunció una decisión de alto impacto en la política exterior del país al ordenar la salida de Colombia de la Comunidad Andina (CAN), luego de que Ecuador confirmara el incremento de aranceles hasta el 100 % para productos colombianos. La medida profundiza la crisis comercial entre ambos países y marca un punto de quiebre en la integración regional.
El mandatario rechazó con dureza la decisión del gobierno ecuatoriano y aseguró que no tiene sentido mantener la permanencia en el bloque andino. En sus palabras, calificó la medida como una “monstruosidad”, señalando que este hecho representa el cierre del ciclo del Pacto Andino para Colombia. Además, ordenó a la Cancillería avanzar en una nueva estrategia comercial: buscar la adhesión plena al Mercosur y fortalecer relaciones con el Caribe y Centroamérica.
Cancillería advierte impacto en integración regional
Tras el anuncio presidencial, la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, lamentó la decisión y alertó sobre sus consecuencias. Subrayó que se pierden años de avances diplomáticos y de integración, especialmente en zonas de frontera donde comunidades y comerciantes dependen del intercambio bilateral.
La canciller sostuvo que, si bien Ecuador tiene autonomía para tomar decisiones, romper con la CAN debilita décadas de cooperación regional. En su declaración, enfatizó que América Latina necesita unidad y diálogo frente a desafíos comunes, cuestionando la postura ecuatoriana al señalar que responde a una visión ideológica que fragmenta la región. Además, confirmó que Colombia ya inició formalmente el proceso para ingresar al Mercosur.
Petro cuestiona a Ecuador y habla de “órdenes externas”
El jefe de Estado también elevó el tono frente a Quito al afirmar que el gobierno ecuatoriano estaría distorsionando la realidad bajo influencias externas que comprometen su soberanía. En ese contexto, defendió la cooperación antidrogas de Colombia.
Petro detalló que, en conjunto con autoridades internacionales, se han incautado 5,9 toneladas de cocaína en operativos realizados en puertos de Ecuador, España e Inglaterra, destacando la participación de inteligencia colombiana, ecuatoriana y europea. Con estos datos, buscó desvirtuar los argumentos de Quito sobre una supuesta falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
Un conflicto que se venía escalando desde inicios de 2026
La actual crisis tiene su origen a comienzos de 2026, cuando Ecuador impuso una “tasa de seguridad” del 30 % a productos colombianos, alegando problemas de seguridad en la frontera. Colombia respondió con medidas similares y suspendió exportaciones de energía eléctrica, lo que incrementó la tensión.
Posteriormente, Quito elevó los aranceles al 50 % desde marzo, lo que consolidó una “guerra arancelaria” entre ambas naciones. Aunque se intentaron acercamientos diplomáticos, incluyendo una reunión en Lima mediada por la CAN el 25 y 26 de marzo, no se lograron acuerdos concretos, dejando el conflicto sin una hoja de ruta clara.
La situación se agravó aún más con el anuncio de Ecuador de incrementar al 100 % los aranceles a partir del 1 de mayo, argumentando falta de acciones en seguridad por parte del gobierno colombiano.
Protestas en la frontera y millonarias pérdidas económicas
El impacto de esta disputa comercial ya se siente en la frontera. Gremios empresariales y transportadores de ambos países han rechazado las medidas, exigiendo retomar el diálogo y suspender los aranceles.
En el Puente Internacional de Rumichaca, entre Ipiales y Tulcán, se registraron protestas y bloqueos durante cerca de 19 días en marzo, con pérdidas estimadas de hasta 5 millones de dólares diarios por la paralización del comercio.
Aunque el paso fronterizo fue reabierto antes de Semana Santa, los sectores afectados advirtieron que mantendrán la presión hasta que se logre una solución negociada, en medio de un panorama cada vez más tenso y con efectos directos sobre las economías locales.
La salida de Colombia de la CAN y el endurecimiento de la guerra arancelaria con Ecuador abren un nuevo capítulo de incertidumbre económica y diplomática en la región, con consecuencias aún impredecibles para el comercio y la integración latinoamericana.
