Fiscalía descarta interceptaciones a Abelardo de la Espriella tras revisar 13.000 grabaciones: crecen dudas sobre origen de información citada por Petro

La Fiscalía General de la Nación concluyó que no existen interceptaciones legales contra Abelardo de la Espriella, luego de realizar una revisión exhaustiva de cerca de 13.000 grabaciones telefónicas. El resultado no solo descarta seguimientos oficiales, sino que abre un nuevo interrogante en el ámbito político y judicial.

Según reveló el periodista Ricardo Ospina, la verificación incluyó todas las interceptaciones autorizadas por jueces y ejecutadas a través de la plataforma Esperanza, el sistema oficial del ente acusador. Tras el análisis, no se encontró ninguna comunicación vinculada al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lo que descarta que exista un proceso de seguimiento legal en su contra.

La revisión se produjo luego de una polémica generada por el presidente Gustavo Petro, quien durante la Semana Santa hizo referencia a información de inteligencia relacionada con el abogado y aspirante presidencial. El pronunciamiento despertó dudas sobre el origen de esos datos, especialmente ante la posibilidad de que provinieran de interceptaciones telefónicas.

Ante este escenario, la Fiscalía activó un proceso interno de verificación. Como única entidad autorizada para realizar interceptaciones legales en Colombia, el organismo revisó sus registros para determinar si existía algún procedimiento en curso. El resultado fue categórico: no hay evidencia de interceptaciones legales contra De la Espriella.

La investigación también se extendió a otros nombres mencionados en la controversia, como los hermanos Bautista. Sin embargo, tampoco se encontraron registros de interceptaciones legales relacionadas con estas personas, lo que profundiza las dudas sobre el origen de la información divulgada públicamente.

Este desenlace deja un punto crítico sin resolver: si no hubo interceptaciones legales, ¿de dónde salió la información mencionada por el presidente?. El caso ahora abre un debate sobre el uso, origen y manejo de datos sensibles en el escenario político, mientras distintos sectores piden claridad sobre las fuentes que sustentaron dichas afirmaciones.

Sala Digital Colmundo