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7 abril, 2026¿Quiénes están realmente detrás de la llamada “procesión satánica” en Bogotá?
En diálogo con Colmundo Radio, el concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal confirmó que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos el pasado Jueves Santo, 2 de abril de 2026, cuando una movilización que se autodenominó “procesión satánica” interrumpió el viacrucis que se desarrollaba en la iglesia de San Francisco, en pleno centro de la capital. El cabildante explicó que su decisión se sustenta en una posible afectación al ejercicio de la libertad religiosa y en la eventual configuración de conductas penales.
“Lo que pasó la semana pasada en Bogotá es algo inaudito que no debe suceder en la ciudad”, afirmó Barrios, quien insistió en que el caso trasciende un episodio aislado. Señaló que existe un patrón en el que ciertos grupos irrumpen en ceremonias religiosas, afectan a los feligreses y no enfrentan consecuencias, lo que, a su juicio, no puede normalizarse. Además, destacó que los hechos ocurrieron en un momento de alta carga simbólica para los creyentes.
De acuerdo con la denuncia, la movilización avanzó por la carrera Séptima hasta llegar a la iglesia de San Francisco, donde se realizaba el viacrucis. En ese punto, se registró la interrupción de la ceremonia con cánticos ofensivos, proclamas agresivas y acciones físicas contra los asistentes. En medio de la tensión, varios feligreses optaron por resguardarse dentro del templo. Los asistentes incluso cerraron las puertas del lugar de culto para protegerse.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la identificación de los responsables. El concejal aclaró que, aunque existen versiones, corresponde a las autoridades judiciales establecer quiénes están detrás de los hechos. Indicó que se ha mencionado públicamente a un grupo identificado como “transpetrista”, pero subrayó que será la Fiscalía la encargada de verificar esa información. También señaló que se ha hablado de posibles grupos con prácticas satánicas, aunque recalcó que esto debe ser determinado por la investigación oficial.
Barrios defendió la base jurídica de su denuncia y explicó que, a su juicio, los hechos encajan en el delito de perturbación de ceremonias religiosas, al tratarse de una irrupción con intimidación que impidió el desarrollo normal del acto. Asimismo, advirtió que podría configurarse un componente de discriminación por motivos religiosos, al generarse intimidación en un espacio de fe.
El cabildante también cuestionó la respuesta de las autoridades distritales. Afirmó que la reacción fue insuficiente y careció de la contundencia necesaria para proteger el derecho a la libertad religiosa. En ese sentido, insistió en que el Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer su fe sin ser intimidadas ni agredidas.
Sobre las pruebas, Barrios detalló que el material entregado a la Fiscalía incluye videos, registros fotográficos y testimonios de los feligreses, lo que permitiría avanzar en la identificación de los responsables. Además, destacó que existe un pronunciamiento del Ministerio del Interior que reconoce agresiones verbales, cánticos ofensivos y actos de intimidación, lo que respalda los hechos denunciados.
Finalmente, el concejal reiteró que el objetivo es que se esclarezca lo ocurrido y se determinen responsabilidades. Señaló que el proceso continuará con la recolección de pruebas y la identificación de los implicados, y que, de encontrarse mérito, deberán imponerse sanciones. Concluyó que, en su criterio, los hechos configuran un delito y corresponde a la Fiscalía avanzar en la investigación.
Juan Joya




