
Manchester City aplasta al Liverpool: Haaland firma un triplete y deja a los ‘reds’ contra las cuerdas
4 abril, 2026
Plan retorno de Semana Santa en Colombia: más de 10 millones de vehículos y reducción de accidentes, según Mintransporte
6 abril, 2026Una nueva controversia política sacude el panorama nacional luego de que se solicitara formalmente investigar al presidente Gustavo Petro por un presunto caso de interceptaciones ilegales. La petición fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación, en medio de crecientes tensiones con sectores de la oposición.
El requerimiento fue presentado por Germán Calderón España, asesor jurídico del movimiento Defensores de la Patria, quien actúa en representación del candidato presidencial Abelardo De la Espriella. En el documento se solicita investigar al mandatario por el presunto delito de violación ilícita de comunicaciones, así como a funcionarios no identificados del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI).
La denuncia se sustenta en un pronunciamiento del jefe de Estado en su cuenta de X, en el que hizo referencia a supuestos informes de inteligencia sobre conversaciones privadas. Para el denunciante, estas declaraciones podrían evidenciar el uso irregular de mecanismos de vigilancia estatal, lo que ameritaría una indagación formal por parte de las autoridades competentes.
En el escrito, el abogado advierte que las afirmaciones del presidente deberían ser objeto de verificación judicial, junto con la posible participación de funcionarios del DNI. Además, señala que no solo estarían comprometidos derechos fundamentales del candidato, sino que también existiría un eventual riesgo para su integridad, lo que —según su criterio— debería ser prevenido por las autoridades.
La solicitud también exige que se adelante una investigación “rigurosa” y que se utilicen como prueba las publicaciones del mandatario en redes sociales. Asimismo, plantea que, de encontrarse responsabilidades en personas sin fuero, el caso sea remitido a la Fiscalía para que continúe con las acciones penales correspondientes.
El denunciante recordó que la Comisión de Investigación y Acusación es el órgano encargado de investigar al presidente, mientras que la Fiscalía tendría competencia frente a otros implicados. La petición se apoya en el artículo 175 de la Constitución, así como en normas legales relacionadas con la interceptación ilegal de comunicaciones.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones, lo que mantiene la expectativa sobre la evolución del caso en los próximos días.
Denuncias y escalada de tensión política
Por su parte, el candidato Abelardo De la Espriella ha denunciado públicamente una supuesta persecución en su contra durante el inicio de su campaña. Según su versión, ha sido blanco de interceptaciones ilegales, ataques reputacionales y montajes judiciales, que atribuye a un temor de sus adversarios por su crecimiento político.
En un mensaje dirigido a la opinión pública, el aspirante lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Petro. Aseguró que no se siente intimidado y que llevará sus denuncias a instancias internacionales, incluyendo autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea, con el objetivo de visibilizar lo que considera una persecución política.
El candidato también afirmó que las campañas de desprestigio y la llamada “propaganda negra” reflejan un estado de nerviosismo entre sus opositores, al tiempo que insistió en que estas acciones buscan debilitar su imagen en plena contienda electoral.
Señalamientos a figuras políticas
Durante sus declaraciones, De la Espriella extendió sus críticas a otros actores del escenario político, entre ellos el senador Iván Cepeda. El aspirante lo mencionó como uno de sus contendores y aseguró que lo derrotará en las urnas, en un discurso que evidencia el aumento del tono confrontativo en la campaña.
Finalmente, el candidato advirtió que, en caso de llegar a la Presidencia, impulsará acciones judiciales contra quienes considere responsables de irregularidades, dejando claro que el tema podría escalar aún más en el ámbito político y judicial en Colombia.
Sala Digital Colmundo




