Gobierno aclara suspensión de capturas a voceros de paz en Itagüí: medida no implica liberación ni excarcelación

En medio del debate público, el Gobierno nacional salió a explicar el alcance de la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de la mesa de paz de Itagüí. La administración enfatizó que esta decisión no significa su liberación, sino que responde a una estrategia jurídica orientada a fortalecer los diálogos dentro del proceso de paz urbana.

La solicitud, dirigida a la Fiscalía General de la Nación, generó cuestionamientos en distintos sectores. Frente a esto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que la medida busca facilitar avances concretos en los acercamientos con actores vinculados al proceso, especialmente en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se desarrolla este modelo de negociación.

Según explicó la entidad en un comunicado, la decisión se sustenta en lo establecido por la Ley 2272 de 2022, normativa que regula este tipo de mecanismos dentro de los procesos de paz. En ese marco, la suspensión de capturas responde a las dinámicas propias del diálogo sociojurídico que se adelanta en la región.

Desde la Oficina del Alto Comisionado se reiteró que el objetivo principal es permitir que los voceros continúen participando activamente en la construcción de acuerdos, promoviendo acciones que contribuyan a reducir los niveles de violencia. En otras palabras, se trata de habilitar condiciones legales para avanzar en compromisos que apunten al desescalamiento del conflicto urbano.

No obstante, el Gobierno fue enfático en desmentir versiones sobre una supuesta liberación de estos voceros. En su pronunciamiento, dejó claro que la suspensión de las órdenes de captura no equivale, bajo ninguna circunstancia, a una excarcelación, y advirtió que afirmar lo contrario constituye una interpretación errónea que desinforma a la opinión pública.

De acuerdo con la administración, este tipo de decisiones hacen parte de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar el desarrollo del llamado Espacio de Conversación Sociojurídico. En este escenario participan los actores involucrados con el objetivo de avanzar hacia un eventual Acuerdo Condicionado de Paz Urbana, considerado clave dentro de la política de “paz total”.

Finalmente, el Gobierno destacó que estas acciones ya estarían mostrando resultados en materia de seguridad. La reducción en la tasa de homicidios en Medellín y el Valle de Aburrá durante los últimos dos años es presentada como evidencia de que la estrategia de desescalamiento está dando resultados, consolidando un camino que busca transformar la violencia urbana a través del diálogo.

Humberto ‘Toto’ Torres