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La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, fue obligada por la justicia a rectificar y ofrecer disculpas públicas por declaraciones en las que atribuyó a las guerrillas el exterminio de la Unión Patriótica (UP), un episodio reconocido como uno de los más graves en la historia política del país.
La decisión fue emitida por el Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, que concluyó que las afirmaciones de la congresista carecían de sustento probatorio y vulneraron los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que ordenó que la rectificación se realice en un plazo máximo de cinco días.
El fallo establece que Cabal deberá no solo retractarse, sino también aclarar expresamente que sus declaraciones no contaban con respaldo suficiente y que afectaron derechos como la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral de las víctimas reconocidas judicialmente.
La jueza Ana Isabel Ariza Giraldo fue enfática en señalar que las expresiones de la senadora no pueden considerarse simples opiniones protegidas por la libertad de expresión, sino que constituyen afirmaciones sobre hechos que impactan la reputación de un colectivo históricamente victimizado, como lo es la Unión Patriótica.
La medida judicial se originó tras una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, en representación de las víctimas, con el respaldo de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quienes argumentaron la necesidad de proteger la memoria histórica.
Según la decisión, las declaraciones de la congresista traspasaron los límites entre opinión y afirmación fáctica, contribuyendo a la estigmatización de víctimas reconocidas judicialmente, al difundir versiones sin respaldo suficiente sobre lo ocurrido con la UP.
El caso se remonta a una entrevista concedida el 29 de octubre de 2025 al medio digital La Silla Vacía, donde Cabal sostuvo que la Unión Patriótica actuaba como brazo político de las Farc y aseguró que los responsables de su exterminio fueron grupos guerrilleros, lo que desató una amplia controversia en distintos sectores políticos y sociales.
El fallo también ordena que la rectificación sea divulgada por los mismos canales y con igual alcance que la entrevista original, y que la senadora informe al juzgado sobre su cumplimiento, en un intento por reparar el daño causado a la memoria histórica de las víctimas de la UP.
En su defensa, Cabal argumentó que sus declaraciones hacían parte del debate político y del ejercicio de su función como congresista, insistiendo en que se trataba de interpretaciones dentro del marco democrático. Sin embargo, la justicia determinó que estas afirmaciones excedieron los límites del debate legítimo al no contar con respaldo verificable.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la organización Reiniciar reiteraron que esta decisión es clave para garantizar la verdad histórica y evitar la difusión de versiones inexactas, que puedan afectar la percepción pública sobre hechos de violencia política en Colombia.
Sala Digital Colmundo
