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20 marzo, 2026El Gobierno Nacional aseguró que garantizará la presencia y operación de misiones humanitarias en todo el territorio, tras las recientes amenazas de disidencias de las Farc. Luego de una reunión de urgencia, el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, afirmó que el Estado cuenta con la capacidad para responder ante cualquier intento de agresión contra estas instituciones.
El Ejecutivo fue enfático en señalar que no existen zonas prohibidas para la acción institucional, reiterando que organismos como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Defensoría del Pueblo podrán continuar sus labores sin restricciones. En ese sentido, el Gobierno indicó que se adoptarán las medidas necesarias para evitar la suspensión de sus actividades en cualquier región del país.
El viceministro explicó que ya se definieron acciones para proteger a estas misiones, aunque aclaró que no se contempla el acompañamiento directo de la Fuerza Pública. Según detalló, esta decisión busca preservar el carácter neutral e imparcial de estas organizaciones, evitando que su labor sea percibida como parte de operaciones militares.
Consejo de seguridad y nuevas estrategias
Rondón confirmó que en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, con el objetivo de definir estrategias que integren inteligencia y acción territorial frente a las amenazas de los grupos armados ilegales.
El funcionario también cuestionó el uso de intimidaciones como mecanismo de presión y reiteró que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo, aunque dejó claro que esto no implica debilidad institucional. En su mensaje, hizo un llamado a los grupos ilegales para abandonar las amenazas y avanzar hacia acuerdos de paz.
Aclaración sobre el rol de las misiones humanitarias
En medio de la controversia, el viceministro insistió en que las misiones humanitarias no tienen ninguna relación con operaciones de la Fuerza Pública, desmintiendo versiones que buscan vincularlas con acciones militares. Subrayó que su labor está orientada exclusivamente a la protección de la población civil y la garantía de derechos en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Finalmente, el Gobierno reiteró que la autoridad en el territorio la ejerce el Estado colombiano, y que continuará tomando decisiones para salvaguardar tanto a las comunidades como a las instituciones que desarrollan labores humanitarias en las zonas más afectadas por el conflicto.




