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Tras la audiencia de imputación en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señalado por presuntamente haber cometido el delito de tráfico de influencias de servidor público; la compañía estatal petrolera se pronunció e indicó que respeta la presunción de inocencia de su directivo y por lo tanto, evalúan su continuidad para que siga desempeñando su labor como cabeza de la empresa.
De acuerdo con el comunicado, la junta directiva de Ecopetrol explicó que la diligencia realizada no se trata de una condena, por lo que no desvirtúa la presunción de inocencia del señalado. Por ello, tras una sesión universal que llevaron a cabo, determinaron que, en cumplimiento del deber fiduciario, — correspondiente a la Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno —, “seguirá actuando conforme con la debida diligencia y el protocolo establecido para ello, que permite realizar una evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto. La Junta Directiva ha recibido de forma oportuna y completa información por parte de la administración y ha estado acompañada de firmas de consultoría especializadas a nivel nacional e internacional”, añadió.
Asimismo, indicaron que realizarán un seguimiento de la información financiera con el fin de analizarla y tomar los correctivos al impacto que pudiera generar la situación jurídica de Roa y, agregaron que “continuará deliberando para adoptar una decisión formal sobre la compatibilidad de la continuidad del Presidente con las obligaciones regulatorias de la compañía, conforme a los deberes fiduciarios de este órgano de administración”. La decisión, según lo expuesto, es tomada con el objetivo de garantizar la confianza de los inversionistas y de los grupos de interés, así como también “asegurar la sostenibilidad financiera, los valores y la gobernanza de la empresa”.
Roa se declaró inocente
Pese a los elementos materiales probatorios que recopiló el ente acusador y que señalan que Roa, en ejercicio de su cargo, en dos reuniones diferentes, — una realizada en agosto y luego otra en septiembre del 2024 — habría dado una orden a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que asignara al empresario Juan Guillermo Mancera, al proyecto de gasificación Chuchupa Ballenas que se realizaría en La Guajira. De acuerdo con la Fiscalía, en enero de 2025 el comité de nuevos proyectos de la filial acató la directriz y “recibió una propuesta comercial en la que aceptó establecer un memorando de negociación con la empresa del particular referenciado”.
Además, la Fiscalía sostiene que la presunta intervención ilegal de Roa estaría relacionada con el posible interés de la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, propiedad que le vendió la persona a beneficiar con el proyecto de gasificación, a través de una inmobiliaria, por un costo menor al valor comercial, con posibilidad de pago en cuotas y sin intereses. Según la investigación, el inmueble fue vendido por $1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial se estimaba en $2.727 millones. Es decir, el precio pactado estuvo cerca de un 34 % por debajo del valor de mercado.
“La compraventa de un apartamento no es delito por sí sola, pero cuando quien obtiene un beneficio en esa operación, ya como servidor público y presidente de Ecopetrol, intenta favorecer a la persona que lo benefició, usando su posición para instruir a otro funcionario a entregar un contrato o proyecto a una empresa vinculada a ese empresario, eso sí se vuelve delictivo”, sostuvo la fiscal.
Finalmente, previo a concluir la audiencia, el presidente de Ecopetrol no aceptó el cargo por el delito de tráfico de influencias de servidor público. Ahora, el ente acusador tiene 30 días para radicar el escrito de acusación, es decir, decidir si llama a juicio al funcionario.
Para este jueves 12 de marzo, Roa enfrenta otra audiencia, pero para este caso la Fiscalía le imputará cargos relacionados con presuntos sobrecostos en la campaña Petro Presidente 2022, de la cual fue gerente. Allí deber responder por el presunto delito de violación de topes electorales, un hecho por el cual ya fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dayineth Isabel Molina Velásquez
