La primera gran derrota económica de Trump: Corte Suprema anula sus aranceles extraordinarios

¿Podrán los socios comerciales de Estados Unidos exigir compensaciones por los gravámenes que ahora se declaran ilegales?

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso el año pasado bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). El fallo, emitido este viernes, constituye un revés significativo para uno de los pilares de la agenda económica del mandatario y confirma la interpretación de tribunales inferiores que habían cuestionado la legalidad de esas medidas.

La decisión judicial se originó en dos procesos acumulados: uno impulsado por cinco pequeñas empresas estadounidenses y otro presentado por doce estados gobernados por demócratas. Las demandas sostuvieron que la Constitución reserva al Congreso la facultad de establecer impuestos y aranceles, y que cualquier delegación de esa autoridad al presidente debe ser “explícita y limitada”. Previamente, el Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, ya había determinado el 28 de mayo que el mandatario se excedió en su autoridad, en una decisión adoptada por un panel de tres jueces, entre ellos uno designado por el propio Trump en su primer mandato. El eje del debate fue la delimitación constitucional del poder presidencial en materia arancelaria.

Los gravámenes anulados incluían los denominados “recíprocos”, aplicados a la Unión Europea y otros países, así como los impuestos a importaciones provenientes de México, Canadá y China. En el caso de los socios norteamericanos, la Casa Blanca justificó la medida alegando una crisis en la frontera relacionada con la inmigración y el tráfico de fentanilo. Frente a China, el argumento se centró en que ese país no habría hecho lo suficiente para frenar el flujo de esa droga hacia territorio estadounidense. Según la sentencia, la herramienta legal utilizada no habilitaba ese tipo de gravámenes.

Durante la controversia, el presidente defendió públicamente su política arancelaria como una herramienta para reducir el déficit fiscal y presionar concesiones económicas de otros países. “Ahora, con la ayuda del Tribunal Supremo, las utilizaremos para beneficiar a nuestra nación”, afirmó en su momento, al expresar confianza en la mayoría conservadora del alto tribunal. También advirtió que, si el fallo le era adverso, Estados Unidos podría convertirse “en un país del Tercer Mundo”. La sentencia, sin embargo, no acogió los argumentos del Ejecutivo.

El impacto de la decisión trasciende el ámbito jurídico. Los aranceles habían generado volatilidad en los mercados financieros y presiones sobre el dólar, al tiempo que reconfiguraron las relaciones comerciales con varios socios estratégicos. No obstante, el fallo no afecta otros gravámenes adoptados bajo distintas bases legales, como los impuestos al acero y al aluminio. En el plano institucional, la sentencia reafirma los límites del poder presidencial en materia tributaria y devuelve al Congreso el centro de la competencia para establecer este tipo de cargas.

La IEEPA, establecida en 1977, había sido usada históricamente para sancionar enemigos o congelar activos, pero nunca para imponer aranceles. Trump fue el primer presidente en recurrir a esta norma para aplicar impuestos de carácter global. Con la decisión del alto tribunal, se cierra un capítulo de la política comercial estadounidense que había sido objeto de al menos ocho demandas, incluida una presentada por el estado de California, y que ahora queda sin sustento legal.

Juan Joya