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18 febrero, 2026Los trece trabajadores que habían sido secuestrados en zona rural de Suárez, norte del Cauca, fueron rescatados gracias a la intervención de la guardia indígena y autoridades locales. En las próximas horas serán entregados oficialmente a las autoridades competentes.
La Compañía Energética de Occidente (CEO) confirmó mediante comunicado que los operarios, pertenecientes a cuadrillas de mantenimiento, fueron retenidos por un grupo armado ilegal mientras realizaban labores técnicas en el sector rural del municipio.
De acuerdo con información suministrada por comuneros de la zona, los trabajadores habrían estado en poder del frente Jaime Martínez de las disidencias, estructura que delinque en esta región del país.
Traslado y custodia de los trabajadores
Tras su liberación, los trece operadores fueron trasladados hasta el sector de Altamira, donde permanecerán bajo custodia de la guardia indígena hasta el miércoles, cuando continuarán el recorrido hacia la cabecera municipal.
Los empleados hacen parte de brigadas de mantenimiento preventivo del contratista UTEN. Habían llegado al área para adelantar trabajos en las líneas de conducción de energía eléctrica, cuando fueron interceptados y secuestrados.
Impacto en el servicio de energía y suspensión de operaciones
En su pronunciamiento oficial, la compañía advirtió que este tipo de hechos pone en riesgo la seguridad del personal operativo y compromete la prestación continua y de calidad del servicio de energía eléctrica en la región.
La empresa señaló que la situación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades y anunció que, como medida preventiva, las operaciones en la zona permanecerán suspendidas hasta que existan garantías de seguridad para el equipo técnico.
Dificultades de comunicación en la zona
A la complejidad del orden público se suma otro obstáculo: la falta de energía eléctrica ha dejado sin señal de telefonía celular a amplios sectores, dificultando la coordinación humanitaria y el flujo de información en esta área del norte del Cauca.
El caso vuelve a poner en evidencia las condiciones de riesgo que enfrentan trabajadores de empresas de servicios públicos en territorios con presencia de grupos armados ilegales, así como los desafíos para garantizar la seguridad y la continuidad de servicios esenciales en zonas rurales del país.
Humberto ‘Toto’ Torres




