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13 febrero, 2026Este viernes se encendieron las alarmas en el Concejo de Bogotá al hacerse pública una investigación que evidencia un presunto “cartel de la cardiología” operando al interior de las Subredes Norte y Sur de la red pública de salud capitalina.
Según la denuncia, que el concejal Ángelo Schiavenato, médico y cabildante, presentó tras varios meses de indagaciones, existe un presunto desfalco de más de 32.000 millones de pesos en el marco de contratos y procedimientos cardiológicos que, a su juicio, no se ajustan a la lógica clínica ni a las normas de atención médica establecidas. Un posible detrimento millonario de recursos públicos destinados a la salud.
El eje de la denuncia gira en torno al médico Dr. Ciro Alfonso Gómez Meisel, representante de la entidad Clínica Meisel S. A. S., quien, según registros oficiales citados por Schiavenato, figura realizando procedimientos especializados de cardiología en el Hospital Simón Bolívar (Subred Norte) y en el Hospital El Tunal (Subred Sur) al mismo tiempo y en franjas horarias coincidentes, lo que, según el concejal, pone en entredicho la veracidad de miles de procedimientos facturados con recursos públicos. Una presunta simultaneidad que cuestiona la legalidad y viabilidad de los servicios reportados.
Schiavenato explicó que parte de los supuestos exámenes de alta complejidad, que por norma deben realizarse presencialmente por médicos idóneos, estarían siendo grabados por personal no calificado y remitidos por aplicaciones como WhatsApp a especialistas externos para su evaluación, algo que, afirmó, podría afectar la calidad del diagnóstico y la seguridad de los pacientes. Una práctica que, de confirmarse, comprometería la seguridad clínica.
“Visualizar un ecógrafo por WhatsApp varía drásticamente el diagnóstico y puede desencadenar muertes por fallas cardíacas no detectadas”, declaró el concejal, al advertir sobre los riesgos clínicos de esta práctica.
El cabildante también destacó que ha presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), y exigió explicaciones inmediatas a las gerencias de las Subredes y a las autoridades de salud distritales. El caso ya está en manos de los entes de control.
Respuesta oficial y contexto
Frente a los señalamientos, la Secretaría Distrital de Salud indicó que la situación denunciada correspondería al funcionamiento de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que cuenta con varios cardiólogos, por lo que, según esa entidad, puede suceder que profesionales de la misma institución estén programados simultáneamente en distintos puntos de atención. La Secretaría también aseguró que ampliará su postura oficial sobre el caso en un pronunciamiento posterior. Una explicación que busca aclarar la programación simultánea de especialistas.
La denuncia de Schiavenato se suma a preocupaciones previas sobre la gestión de recursos y la atención en salud en Bogotá. En meses recientes, diversas voces, dentro y fuera del Concejo, han cuestionado la eficiencia de la red pública, así como los efectos de la deuda y la prestación del servicio tras intervenciones administrativas de entidades como la Supersalud. Un debate que revive cuestionamientos sobre la administración del sistema.
Aunque ahora queda en manos de las autoridades competentes verificar los hechos, la acusación pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la contratación y prestación de servicios de salud pública en la ciudad, así como de garantizar la transparencia en el uso de recursos destinados a la atención de pacientes. La transparencia y el control vuelven al centro de la discusión pública.
Paola Andrea Martínez Burgos




