“Es un mandato constitucional”: Petro responde a suspensión del salario mínimo y llama a movilización social

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión del Consejo de Estado, que ordenó la suspensión provisional del incremento del salario mínimo vital del 23,7 %. El mandatario defendió el decreto expedido por su gobierno y aseguró que la medida está respaldada por la Constitución. A través de un pronunciamiento en redes sociales, advirtió que frenar el aumento salarial afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y pone en riesgo derechos fundamentales de la población.

Petro afirmó que el ajuste al salario mínimo no es una decisión discrecional del Ejecutivo, sino una obligación constitucional. “El decreto de salario vital  es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él”, afirmó. Según el mandatario, la suspensión provisional no desconoce solo al Gobierno, sino también el mandato constitucional de garantizar condiciones de vida dignas para la clase trabajadora.

Frente a la orden del magistrado ponente, el jefe de Estado anunció que respetará la decisión judicial, pero aclaró que actuará conforme a la Carta Política. “respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución. Por respeto al magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la  coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, agregó.

En ese sentido, explicó que la concertación se realizará con base en las más recientes mediciones económicas. Detalló que estudios técnicos muestran que “la incidencia del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios es marginal”. Además, señaló que se debe analizar el impacto del alza de las tasas de interés en el empleo, el déficit fiscal y el aumento general de precios en el país, factores que —según dijo— inciden más que el ajuste salarial.

Igualmente, manifestó que reducir la demanda de alimentos esenciales tendría consecuencias graves para la economía y la población más vulnerable. “Llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil”, aseveró, calificando este escenario como contrario a la Constitución y a la defensa de la vida. Finalmente, hizo una invitación a los ciudadanos: “Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, concluyó.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó que la decisión “demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio”. El alto funcionario fue enfático al decir que “esto va a tener también muchas consecuencias políticas”. En entrevista con la FM, anunció que habrá una “manifestación” convocada por el presidente y respaldada por organizaciones sociales y sindicatos.

Dayineth Isabel Molina Velásquez