Gobierno decreta emergencia económica en Córdoba y siete departamentos por graves lluvias: más de 150.000 afectados

El Gobierno Nacional oficializó la declaratoria de Emergencia Económica y Social en Córdoba y otros siete departamentos del Caribe y el noroccidente del país, con el fin de atender los estragos causados por la actual temporada de lluvias. La medida estará vigente por 30 días y busca responder de manera inmediata a las afectaciones que ya dejan miles de damnificados.

A través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Ejecutivo extendió la emergencia a los departamentos de Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, además de Córdoba. La decisión se adoptó luego de evaluar la magnitud de los daños provocados por la entrada de dos frentes fríos al Caribe, que generaron intensas precipitaciones y múltiples emergencias en estas regiones.

Según el decreto, el Gobierno hará uso de facultades extraordinarias exclusivamente para conjurar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan, lo que incluye la expedición de normas con fuerza de ley y la realización de operaciones presupuestales necesarias para atender la calamidad. El propósito es agilizar recursos y acciones que permitan mitigar el impacto social, económico y ambiental de la emergencia.

Asimismo, el documento establece que, una vez concluya el periodo de la declaratoria, el Congreso de la República será convocado para ejercer control político sobre las decisiones adoptadas. En otras palabras, el Legislativo se reunirá diez días después de finalizada la emergencia para revisar y evaluar el uso de las facultades excepcionales otorgadas al Ejecutivo, conforme a lo previsto en la Constitución y la Ley 137 de 1994.

La determinación se produjo tras un consejo de ministros realizado en Córdoba, donde se examinó el alcance de los daños ocasionados por las lluvias. El presidente Gustavo Petro había solicitado previamente a la Corte Constitucional levantar la suspensión del decreto de la primera emergencia económica; sin embargo, ante la ausencia de una decisión, optó por expedir una nueva medida focalizada en los territorios más golpeados.

De acuerdo con cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al menos 10 personas han fallecido, se han registrado 65 emergencias y 61 municipios presentan afectaciones, mientras que más de 69.000 familias resultaron damnificadas, lo que supera las 150.000 personas impactadas por la temporada invernal.

Las afectaciones incluyen inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa, además de daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, instituciones educativas y centros de salud. También se reportan pérdidas significativas en áreas productivas, lo que agrava la situación económica de las comunidades rurales.

Con esta declaratoria, el Gobierno busca acelerar la respuesta institucional y canalizar recursos urgentes para atender a los damnificados, en medio de una de las temporadas de lluvias más severas de los últimos años en el Caribe colombiano y zonas aledañas.

Humberto ‘Toto’ Torres