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La Alcaldía de Bogotá expresó este jueves su rechazo enfático al bloqueo de acceso que representantes de la comunidad emberá implementaron en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, impidiendo la entrada de equipos de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) para prestar servicios esenciales de infancia, salud y protección social.
La medida de presión, motivada por la exigencia de contratación directa de personas de esa comunidad como condición para permitir el ingreso de los funcionarios distritales, obligó a suspender la prestación de servicios básicos para la población emberá asentada en el lugar, con un impacto especialmente grave en niños, niñas y adolescentes, según informó la Administración Distrital.
Según las entidades distritales, el bloqueo fue anunciado pese a que el 4 de febrero, en un espacio de diálogo con presencia de órganos de control, se presentó la oferta institucional, que incluye servicios como jardines infantiles y el programa Atrapasueños, dirigido a la atención integral de la primera infancia.
A pesar de estas acciones, líderes de la comunidad emberá habrían condicionado el ingreso de los equipos técnicos a la contratación directa de personas de la comunidad, lo cual, según el Distrito, constituye una presión indebida que pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales.
La Alcaldía subrayó que la protección de los derechos de los niños y adolescentes es una prioridad constitucional que no puede ser “objeto de negociación ni de exigencias particulares”. Invocando el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, la administración recordó que estos derechos son prevalentes y deben ser garantizados por la familia, la sociedad y el Estado.
En el comunicado oficial, las autoridades rechazaron cualquier acción que limite o impida el acceso a servicios sociales y de salud, especialmente cuando se trata de la niñez, y reiteraron su disposición para mantener el diálogo con la comunidad emberá, respetando sus usos y costumbres.
Impacto en la comunidad
Organizaciones sociales y medios han resaltado que la suspensión de estos servicios afecta directamente a la población más vulnerable del asentamiento, donde el acceso a educación, atención en salud y programas de protección es vital para mitigar las condiciones de riesgo que enfrentan diariamente.
El Distrito también ha puntualizado que su presencia en la UPI La Florida ha sido permanente, con el objetivo de prevenir vulneraciones de derechos y ofrecer atención con enfoque diferencial para esta comunidad indígena.
La administración concluyó su pronunciamiento haciendo un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado para garantizar la protección integral de los menores de edad en contextos de vulnerabilidad.
Paola Andrea Martínez Burgos
