Petro deberá retractarse y pedir disculpas a exgerente de Coosalud por llamarlo “bandido”, ordena juez

El presidente Gustavo Petro deberá retractarse y presentar disculpas públicas al exgerente de Coosalud EPS, Jaime Miguel González Montaño, luego de que un juez ratificara un fallo de tutela que consideró vulnerados sus derechos tras señalamientos realizados por el mandatario en redes sociales y en una alocución presidencial.

El juez 24 del circuito de Bogotá, Yimi Alejandro Sánchez García, confirmó la decisión de primera instancia que ordena al jefe de Estado rectificar y eliminar 16 mensajes publicados en la red social X, así como ofrecer excusas públicas en el mismo formato y con la misma difusión en la que se hicieron los pronunciamientos desde inicios de diciembre de 2024.

Según el fallo, el presidente incurrió en un incidente de desacato, al no acatar oportunamente la orden judicial que le exigía corregir las afirmaciones en las que calificó a González Montaño como “bandido” y lo responsabilizó de convertir a Coosalud en una de las peores EPS del país.

En sus mensajes, Petro señaló al entonces gerente de casi triplicar la deuda de la EPS en menos de un año, afirmando que en 2024 esta alcanzó los $2.600 millones, lo que, a su juicio, evidenciaba que “se robaron la plata”. Estas expresiones fueron consideradas por el juez como acusaciones directas sin respaldo judicial probado.

El mandatario también atribuyó responsabilidades a la junta directiva de Coosalud EPS, al asegurar que habría permitido irregularidades como el presunto direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior, además de autorizar supuestos préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.

En uno de sus trinos, Petro afirmó que una investigación completa había sido realizada y trasladada a la Fiscalía por el actual superintendente de Salud, Giovani Rubiano. No obstante, durante el trámite judicial, la defensa del Presidente no aportó pruebas que acreditaran la radicación o trazabilidad de esa supuesta denuncia, lo que fue tenido en cuenta por el despacho judicial.

Por esta razón, el juez ratificó la orden de retractación y disculpas públicas, al considerar que las declaraciones del Presidente excedieron el marco de la denuncia pública y afectaron el buen nombre y la honra del exgerente de la EPS.

Entre tanto, la Presidencia de la República solicitó la nulidad del fallo, argumentando una presunta vulneración al debido proceso y al derecho del Presidente a pronunciarse sobre hechos de interés público relacionados con un caso penal en curso. Asimismo, pidió suspender cualquier eventual sanción por desacato, mientras se resolvía dicha solicitud, con el fin de evitar un perjuicio grave al ejercicio de las funciones presidenciales.

Con esta decisión, la justicia reafirma los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la protección de los derechos fundamentales, incluso cuando se trata del presidente de la República.

Humberto ‘Toto’ Torres