Petro advierte que, sin la emergencia económica, el Estado tendría dificultades para pagar salarios de policías y soldados

El presidente Gustavo Petro advirtió durante el Consejo de Ministros de este martes que el país podría enfrentar problemas para cumplir obligaciones básicas del Estado, como el pago de salarios de la fuerza pública, si la emergencia económica decretada por su Gobierno es anulada por la Corte Constitucional.

El mandatario planteó que la actual situación fiscal del país es crítica y que, de mantenerse un déficit fiscal primario, los ingresos del Estado no bastarían para cubrir sus obligaciones financieras. Petro recordó que el Gobierno recibió un desequilibrio presupuestal que, sumado al déficit en la balanza comercial, pone en riesgo la sostenibilidad de la deuda pública.

El presidente explicó que el decreto de emergencia económica es una medida que permite al Ejecutivo adoptar herramientas financieras extraordinarias y que resulta clave para contener el crecimiento de la deuda y evitar una espiral de recortes. Según Petro, sin esta figura, el Estado tendría que aplicar ajustes sustanciales que impactarían sectores sensibles como la salud, la educación y la seguridad, incluyendo los sueldos de policías y soldados.

La advertencia se produce en medio de un debate tributario y económico más amplio en Colombia, tras la no aprobación de varias iniciativas de reforma fiscal presentadas por el Gobierno en el Congreso, que tenían como propósito reducir el déficit primario y fortalecer las finanzas públicas. El jefe de Estado ha responsabilizado a sectores de la oposición por el hundimiento de esas propuestas, argumentando que ello ha profundizado las dificultades presupuestales.

Como alternativa para aliviar la presión fiscal, el presidente planteó la revisión de ciertos contratos de concesiones viales en los que, según él, existen recursos públicos inmovilizados que podrían liberarse para garantizar gasto social y compromiso fiscal, sin necesidad de recurrir a recortes en áreas prioritarias.

El decreto de emergencia económica ha generado controversia jurídica y política, con sectores que cuestionan su amplitud y otros que defienden su necesidad frente a las complejidades presupuestales actuales, incluido el reciente aumento del salario mínimo negociado fuera de la concertación tradicional. El futuro de esta figura legal se encuentra bajo evaluación por parte de la Corte Constitucional, lo que ha elevado la incertidumbre sobre el manejo fiscal del país en 2026.

Paola Andrea Martínez Burgos