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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, salió al paso de los cuestionamientos del Ministerio de Transporte por el aumento del pasaje de TransMilenio a $3.550, que empezará a regir desde este miércoles 14 de enero. El mandatario explicó que la decisión responde a factores técnicos y estructurales del sistema, y no a una medida improvisada. Además, defendió que el Distrito ha actuado con responsabilidad frente a un contexto económico que impacta directamente los costos de operación del transporte público en la capital.
Galán señaló que su administración respeta el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional, el cual fue del 23 %. “Nos parece una decisión positiva para esos más de 2.400.000 trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia”, afirmó. Sin embargo, advirtió que ese aumento tiene consecuencias que no pueden desconocerse. “El Gobierno Nacional tiene que ser consciente de esas implicaciones y no puede evadir esa responsabilidad ni mirar para otro lado”,sostuvo.
En ese sentido, el mandatario fue enfático en que el sistema de transporte de Bogotá es uno de los más afectados por esta decisión, al contar con cerca de 35.000 trabajadores. Según explicó, alrededor del 87% de esos empleos tienen salarios directamente ligados al mínimo. “¿O acaso quieren que suba el salario mínimo para todos los trabajadores, pero no para los del sistema de transporte de Bogotá? Eso no tiene ningún sentido”, cuestionó Galán.
Frente a las críticas que señalan que el aumento ya estaba previsto antes del anuncio del salario mínimo, el alcalde aclaró que existían estudios técnicos obligatorios para definir la tarifa de 2026. Estos contemplan factores como un IPC proyectado del 5,3 %, un aumento del gas del 10 % y del diésel cercano al 15 % en el último año. “Eso llevó a una proyección de un aumento del 7,8 % en la tarifa de TransMilenio. Eso es lo que teníamos previsto”, explicó.
Finalmente, Galán dijo que el aumento del salario mínimo fue muy superior al 11 % inicialmente proyectado, lo que obligó a revisar las cifras. Incluso, aseguró que el incremento técnico debía ser mayor a los 350 pesos anunciados. “Vamos a hacer trabajos de eficiencias y de consecución de recursos no tarifarios, pero es inevitable que haya un aumento”, afirmó. Por ello, hizo un llamado directo al Gobierno: “Abramos el diálogo, discutamos, pero que no evadan su responsabilidad ni evadan las consecuencias de sus decisiones, porque eso no es responsable con la ciudadanía”, puntualizó.
¿Qué dijo el Ministerio de Transporte?
Por medio de un comunicado escrito, la entidad gubernamental, bajo la dirección de María Fernanda Rojas, aseguró que el incremento del salario mínimo “no constituye una justificación para trasladar a los usuarios un aumento de $350 en la tarifa de TransMilenio”, ya que, según ellos, el ajuste supera el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese orden de ideas, explicaron que los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral.
La entidad señaló que cualquier aumento en la tarifa del transporte público debe basarse en un análisis técnico claro y completo. Este estudio debe explicar qué costos suben por el IPC, cuáles están ligados al salario mínimo y cómo influyen otros factores como la eficiencia del sistema, los contratos, los subsidios y el efecto sobre la demanda. Por eso, aclaró que el incremento del salario mínimo, por sí solo, no justifica trasladar de manera automática todo el aumento a la tarifa sin una evaluación financiera bien sustentada.
Aunque la definición de las tarifas es responsabilidad de los entes territoriales, la cartera de Transporte recordó que puede revisar y opinar sobre la razonabilidad de estos incrementos cuando afectan a los usuarios y a la sostenibilidad del sistema. En ese sentido, anunció que junto a la Superintendencia de Transporte pedirá a TransMilenio S.A. un detalle del análisis que respalda el alza, para verificar que sea proporcional y coherente, especialmente teniendo en cuenta la cofinanciación de la flota eléctrica y el impacto futuro en el Fondo de Estabilización Tarifaria.
Dayineth Isabel Molina Velásquez
