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La capital del Valle, Santiago de Cali, enfrenta una situación humanitaria de gran magnitud con la llegada de más de 200 familias desplazadas desde el municipio de Buenos Aires, Cauca. Los hechos de violencia registrados el 16 de diciembre, atribuidos a disidencias de las FARC, provocaron un éxodo que se ha intensificado en los últimos días y que mantiene en alerta a las autoridades locales.
De acuerdo con el consolidado de la Personería Distrital, se han recibido 103 declaraciones individuales correspondientes a 203 familias, todas provenientes de Buenos Aires. El fenómeno se agravó el 29 de diciembre, cuando 36 familias integradas por 82 personas acudieron al Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) para declarar haber sido víctimas de desplazamiento forzado.
Las cifras reflejan la dimensión del impacto humanitario: 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas se encuentran en condición de vulnerabilidad. Los hechos victimizantes reportados incluyen 102 casos de desplazamiento forzado, 23 amenazas, dos atentados y un caso de abuso sexual.
Los testimonios recogidos señalan que los desplazamientos se produjeron tras una toma armada del municipio de Buenos Aires, que dejó daños en viviendas, la Alcaldía Municipal y la estación de Policía, además de la instalación de artefactos explosivos en accesos y veredas. El temor al reclutamiento forzado de menores llevó a muchas familias a abandonar el territorio para proteger a sus hijos.
El personero distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, fue enfático: “El suroccidente colombiano no se puede convertir en un segundo Catatumbo. Aquí hay institucionalidad, presencia del Ministerio Público y una respuesta oportuna para proteger a las víctimas del conflicto armado”. Según explicó, la mayoría de las familias desplazadas se encuentran actualmente asentadas en distintos barrios de la ciudad, en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica.
La Alcaldía de Cali, bajo la administración del alcalde Alejandro Eder, confirmó la activación de rutas de atención humanitaria, incluyendo alojamiento temporal, alimentación y acompañamiento psicosocial. El mandatario local señaló que la prioridad inmediata es atender la emergencia humanitaria derivada del conflicto en el Cauca, mientras se mantiene la coordinación interinstitucional para evitar que la situación derive en una crisis de mayor escala.
En concordancia con la Ley 1448 de 2011, la Personería Distrital articuló acciones con la Subsecretaría de Atención a Víctimas y presentó el caso ante el Subcomité de Reparación, Restitución e Indemnización, durante la Octava Sesión Extraordinaria del 29 de diciembre. El 30 de diciembre se realizó la declaración colectiva del evento masivo, actualmente en trámite para ser remitida a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Con estas medidas, la capital del Valle busca garantizar atención integral a las familias desplazadas y evitar que la ciudad se vea desbordada por la emergencia. Las autoridades insisten en que la institucionalidad está presente y que la prioridad es proteger a las víctimas del conflicto armado bajo condiciones de dignidad y oportunidad.
Juan Joya




