Desmantelan red de corrupción que manipulaba procesos judiciales: nueve implicados dentro de la Policía y el CTI

La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 29 de diciembre que desmantelaron un entramado de corrupción que operaba al interior de entidades encargadas de la investigación criminal y la seguridad del Estado. En medio de operativos realizados de manera simultánea, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar esta red ilegal, entre ellas funcionarios activos y retirados de la Policía Nacional, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y particulares, quienes exigían altas sumas de dinero para manipular procesos judiciales relacionados con lavado de activos.

De acuerdo con la información oficial, las capturas se lograron gracias a actividades investigativas lideradas por un Grupo de Tareas Especiales creado al interior de la Fiscalía. Este equipo logró identificar una estructura integrada por funcionarios y particulares que “estarían involucrados en el cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos”. Las acciones judiciales se desarrollaron en Bogotá, Chiquinquirá, Pereira y Granada, donde fueron ubicados los presuntos responsables. En ese sentido, el ente fiscal indicó que el entramado operó durante varios años; además, destacó que el trabajo articulado permitió reunir pruebas determinantes.

Entre los capturados figuran miembros de la Dijín de la Policía Nacional, como el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo. También fueron detenidos los funcionarios del CTI Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo. A ellos se suman exintegrantes de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez. Según la investigación, todos habrían tenido roles específicos dentro de la red y ahora la Fiscalía está evaluando el grado de responsabilidad individual.

Las autoridades señalaron que los implicados habrían aprovechado los cargos que desempeñaban para exigir sumas de dinero que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos. Estas exigencias se habrían hecho a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares. El objetivo, según la Fiscalía, era “evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes” y frenar las órdenes de captura. También buscaban incidir en otras actuaciones judiciales.

El ente investigador documentó hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025, lo que demuestra la persistencia de la actividad delictiva. En algunos casos, los implicados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio. Allí, presuntamente, “exhibieron información reservada sobre procedimientos que se realizarían” para intimidar y forzar los pagos. Además, se conoció que algunos funcionarios eliminaron pruebas y alteraron evidencias. También habrían constreñido testigos para obtener declaraciones falsas. Todo esto, como represalia ante la negativa de pagar las sumas exigidas.

Para concluir, la Fiscalía reveló que los señalados intimidaron a uno de los investigadores líderes para acceder a información privilegiada de los procesos. Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán múltiples delitos; entre ellos se encuentran concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, tráfico de influencias y amenazas a servidor público. También se incluyen cargos por acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de autoridad.

Dayineth Isabel Molina Velásquez