Denuncian falta de controles y alta deserción en el programa Jóvenes en Paz

El Programa Jóvenes en Paz, una de las principales apuestas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro, enfrenta cuestionamientos por la ausencia de mecanismos de verificación, la falta de trazabilidad sobre sus beneficiarios y una elevada tasa de deserción, según denunció el concejal de Bogotá Andrés Barrios.

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, la entidad no cuenta con herramientas para verificar si los beneficiarios del programa han reincidido en actividades delictivas o han cometido hechos punibles durante su permanencia en la iniciativa. Esta situación, advierte el cabildante, pone en entredicho la efectividad del programa y el control sobre el uso de recursos públicos.

Las cifras oficiales revelan que 11.570 beneficiarios se encuentran en Bogotá, lo que significa que uno de cada tres jóvenes vinculados al programa está ubicado en la capital del país. A ello se suma que 1.660 jóvenes se retiraron del programa en 2024, sin que el Gobierno haya explicado de manera clara las razones de esta alta deserción.

El propio Ministerio reconoce que no puede determinar si los retiros se produjeron por decisión voluntaria, lo que, según Barrios, evidencia la inexistencia de un sistema de seguimiento y evaluación del impacto real del programa.

“El Programa Jóvenes en Paz ha ejecutado una cifra alarmante que supera los $344.000 millones, pese a no contar con mecanismos que permitan verificar si los jóvenes están involucrados en actividades delictivas ni con indicadores claros de resultados”, afirmó el concejal. A su juicio, se trata de recursos públicos de gran magnitud administrados sin controles suficientes, sin mediciones de impacto y sin claridad sobre el abandono de más de 1.600 beneficiarios en un solo año.

Para dimensionar el alcance de esta inversión, Barrios comparó el presupuesto del programa con proyectos educativos. Recordó que la Universidad del Valle construyó un bloque de aulas con $22.800 millones, beneficiando a cerca de 4.000 estudiantes y docentes. “Con los recursos asignados a Jóvenes en Paz se podrían financiar 17 proyectos universitarios similares, impactando a más de 68.000 jóvenes”, señaló.

Las cifras oficiales también indican que 7.570 menores de edad, entre los 14 y 17 años, han recibido 50.148 transferencias monetarias, con pagos que pueden alcanzar hasta $1.000.000 mensuales, conforme a lo establecido en el Decreto 1649 de 2023.

Sin embargo, el concejal advierte que no existe información que permita evaluar si estas transferencias están contribuyendo efectivamente a la prevención del delito o a la mejora de las condiciones de vida de los beneficiarios.

Acciones legales para obtener respuestas

La información fue solicitada por el concejal Andrés Barrios mediante un derecho de petición dirigido al Ministerio de Igualdad y Equidad, el cual no fue respondido dentro de los términos legales. Ante esta situación, el cabildante acudió a una acción de tutela para obtener respuestas concretas sobre el funcionamiento, los controles y los resultados del programa.

“Es alarmante que Jóvenes en Paz maneje cifras millonarias sin evaluar riesgos ni medir resultados. No hay evidencia de que realmente reduzca delitos, prevenga la reincidencia o transforme la vida de sus beneficiarios. Mientras las estructuras criminales instrumentalizan menores todos los días, el Estado no puede limitarse a entregar dinero sin control ni una estrategia seria para evitar que los jóvenes caigan o permanezcan en la criminalidad”, concluyó Barrios.

Paola Martínez Burgos