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4 diciembre, 2025El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afrontó un nuevo debate de control político en el Senado por el escándalo relacionado con los chats de alias ‘Calarcá’, en los que se habrían registrado presuntas filtraciones de inteligencia que beneficiaron a esta estructura en varias regiones del país. Sánchez reiteró que la Fuerza Pública actúa con legitimidad, y defendió los resultados operacionales obtenidos durante el último año.
En su intervención, el jefe de la cartera enfatizó que se han desarrollado 529 combates, una cifra que representa un incremento del 30 % respecto al año anterior. Sánchez recalcó que insinuar que las tropas han actuado limitadas es un irrespeto: “Afirmar que la Fuerza Pública ha operado con restricciones es ofensivo para quienes han entregado su vida por la seguridad del país”, manifestó.
El ministro también aclaró que nunca ha emitido ni recibido instrucciones que contravengan la ley. Destacó que el presidente de la República, como comandante supremo, “no ha impartido jamás una orden ilegal ni me ha presionado para hacerlo”, afirmación con la que intentó disipar dudas sobre el manejo de las operaciones militares.
Sánchez explicó además la situación del general Juan Miguel Huertas Herrera, investigado por su presunta cercanía con las disidencias de alias ‘Calarcá’. Señaló que los hechos bajo investigación habrían ocurrido mientras Huertas estaba retirado del Ejército y que ya fue separado de su cargo mientras avanza la indagación. Recalcó que las instituciones mantienen su línea de honor y transparencia: “No permitimos que personas desleales permanezcan junto a nuestras tropas, porque una traición dentro de la Fuerza Pública representa un riesgo mortal”, subrayó.
Durante la sesión se reveló que en lo corrido del año 158 uniformados han sido asesinados y 702 han resultado heridos, de los cuales 136 sufrieron lesiones por ataques con drones y 16 murieron bajo esta misma modalidad. Por ello, Sánchez pidió al Congreso acelerar la aprobación de la ley que regula el uso de drones, argumentando que es fundamental para fortalecer la protección de las tropas. “Un soldado no puede ir al combate preguntándose por qué no existe una norma que lo proteja de estas amenazas”, expresó.
El ministro también se refirió a los avances de la estrategia de contrainteligencia que lidera desde comienzos de 2025. Informó que este año se han recibido 18.093 llamadas, de las cuales 168 han aportado información relevante y 26 han derivado en posibles casos de corrupción actualmente bajo revisión. Enfatizó que, tras las revelaciones periodísticas del 23 de noviembre, se ordenó una inspección especial sobre las actuaciones de Huertas durante su reintegro en 2025.
Asimismo, Sánchez reiteró que si el general Huertas no genera confianza institucional, será removido sin vacilación: “Si no brinda garantías, será retirado de inmediato”, afirmó, y recordó que incluso la Procuraduría estudia si tiene competencia disciplinaria en este caso, dado que los presuntos delitos habrían ocurrido cuando el oficial no ejercía funciones.
El ministro detalló que, para combatir la corrupción, existe una directiva vigente del Comando General que ordena prevenir, denunciar e investigar toda conducta ilegal. También recordó que el Ejército emitió en 2024 una circular para identificar posibles casos de connivencia, y que varias capturas recientes se lograron gracias a la acción directa de la contrainteligencia militar, cuyo propósito, dijo, es blindar a la institución: “Las investigaciones no surgen por presión externa, sino por nuestro compromiso de depurar la Fuerza Pública”, concluyó.
Humberto ‘Toto’ Torres




