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La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación frente a la información difundida sobre los presuntos vínculos entre integrantes de las disidencias al mando de alias Calarcá y miembros de la Fuerza Pública, así como funcionarios del Estado. La entidad alertó por la gravedad de estos señalamientos.
En una declaración ofrecida a los medios desde Barranquilla, la defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que el presidente de la República tiene la facultad y el deber de garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Marín reiteró la responsabilidad constitucional del jefe de Estado.
En esa línea, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, y que reporten sus avances y resultados con total transparencia y respeto por el debido proceso. Pidió celeridad e imparcialidad en las pesquisas.
“Mientras se esclarecen estos hechos, es imprescindible que los superiores adopten medidas inmediatas que aseguren la integridad de las pesquisas y eviten cualquier interferencia. Para ello, se sugiere evaluar la separación temporal de las funciones de las personas que podrían estar comprometidas en los presuntos casos de corrupción”, advirtió. Solicitó medidas inmediatas para proteger la investigación.
Marín recordó además que, “para ese fin, el presidente cuenta con los mecanismos de acción de la Fuerza Pública y con la colaboración de la rama judicial”. Insistió en que existen herramientas institucionales para actuar.
La entidad señaló que el EMBF había asumido compromisos como suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Sin embargo, según la defensora, la realidad muestra un panorama distinto. La Defensoría aseguró que la situación actual contradice los compromisos asumidos.
“Observamos un crecimiento de sus efectivos en varias regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme, la continuidad del reclutamiento —incluso su justificación—, así como una expansión territorial y un mayor control sobre la población”, afirmó. Marín alertó por expansión territorial y continuidad del reclutamiento.
De igual forma, indicó que algunos voceros del grupo armado, incluidos quienes tienen roles de liderazgo en el proceso de paz, han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de armas. Voceros del EMBF habrían expresado su oposición a entregar las armas.
“Solo una implementación efectiva del mecanismo formal de verificación, acordado en el último ciclo de diálogos, permitirá determinar si los compromisos asumidos se traducen o no en hechos concretos. En ejercicio de su facultad constitucional para promover y sostener salidas negociadas al conflicto armado, el presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento del grupo armado”, concluyó. La Defensoría pidió activar el mecanismo de verificación para medir avances reales.
Paola Martínez Burgos
