Gobierno ve posible un acuerdo con el Clan del Golfo antes de 2026: canciller confirma avances y presiona por resultados concretos

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dio un vuelco al debate nacional al asegurar que es viable alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo antes de que finalice el gobierno del presidente Gustavo Petro. En un escenario que ha estado marcado por la incertidumbre, la funcionaria afirmó en la Tribuna de EFE en la Casa de América que “hay evidencias de que sí quieren (un acuerdo)” y que el Ejecutivo podría tomar una decisión antes de agosto de 2026 para desactivar “toda la actividad ilegal” del grupo armado.

El anuncio reaviva el foco sobre el proceso exploratorio que comenzó en septiembre en Catar, un escenario que el gobierno seleccionó para abrir un espacio de conversación socio-jurídica con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estructura criminal conocida como Clan del Golfo y considerada la más poderosa del país, con cerca de 9.000 miembros dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Villavicencio insistió en que “no se puede tener mesas indefinidas para hablar y no concretar nada”, al adelantar que, “seguramente este mes o el otro”, podría realizarse una segunda ronda en Catar para fijar acuerdos concretos. Este mensaje evidencia una presión creciente del Gobierno para avanzar solo con los grupos que demuestren una voluntad real de sometimiento a la justicia.

La canciller recordó que el Gobierno Petro reanudó en noviembre de 2022 las negociaciones con el ELN, pero la suspensión de ese proceso este año dejó en evidencia la poca voluntad negociadora de la guerrilla, un escenario que contrasta con la disposición que, según el Ejecutivo, sí ha mostrado el Clan del Golfo.

Pese a ello, el acercamiento con el EGC no fue inmediato. El Gobierno evitó durante meses formalizar conversaciones que pudieran interpretarse como una negociación de paz. Su expectativa, expuesta con claridad por Villavicencio, es lograr “algún tipo de pacto para que suspendan sus actividades y se sometan a la justicia”, sin otorgar un estatus político al grupo armado.

La canciller aseguró incluso que “el Clan del Golfo ha mostrado una voluntad”, destacando que la estructura no ha vuelto a actuar en zonas donde tenía control casi absoluto. Mencionó especialmente el Darién, frontera con Panamá, donde dominaba el tráfico de migrantes, un negocio que calificó de “casi mayor que la cocaína” y que, según ella, ha sido suspendido por la organización.

Este argumento robustece la tesis del Gobierno: la posibilidad real de alcanzar un pacto que permita la reincorporación del grupo a la vida civil, mientras se articula un mecanismo jurídico que asegure responsabilidades y desmonte sus economías criminales.

Durante el inicio formal de los diálogos en Doha, el pasado septiembre, el Ejecutivo y el EGC firmaron una declaración conjunta en la que se definieron acciones piloto dentro de lo que denominaron el “proceso para la desmovilización y construcción de paz”. Dichas acciones buscan “desarrollar la etapa de consolidación de confianza” y ejecutar un programa de “pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito”, con participación voluntaria, asistencia técnica y alternativas productivas.

Con este avance, el Gobierno se juega una de sus cartas más ambiciosas: lograr que la mayor banda criminal del país abandone sus economías ilegales y reduzca la violencia en regiones estratégicas. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad real del Clan del Golfo para cumplir y sobre el riesgo de aceptar un pacto sin garantías suficientes.

Lo que sí está claro es que la administración Petro acelera el paso. El reloj político corre y, como lo dejó claro la canciller, la consigna es contundente: no habrá conversaciones eternas; solo acuerdos verificables y con resultados medibles.

Sala Digital Colmundo