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13 noviembre, 2025El presidente colombiano, tras la polémica por la suspensión del intercambio de información, matiza su postura. Exige que los datos no se usen para operaciones letales y anuncia un nombramiento diplomático para una “guía más científica” contra el narcotráfico.
Gustavo Petro ha dado un paso atrás, o quizá un paso lateral, en su pulso con Washington. Tras la onda expansiva de críticas por su orden de suspender la cooperación en inteligencia con Estados Unidos, el mandatario colombiano ha rectificado. O, en sus términos, ha precisado. La cooperación no se corta, se condiciona. Y las condiciones son un reflejo de su visión crítica de una guerra contra las drogas que califica de “colonial”.
“Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de los derechos humanos y que genere capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será utilizada”, afirmó el presidente en un discurso que mezcló la firmeza ideológica con la justificación política. El mensaje es claro: los datos fluirán si Washington garantiza que no terminarán en un misil dirigido a una lancha. La inteligencia para incautar, sí; para aniquilar, no.
Con un tono agudo y sin concesiones, Petro cargó contra los métodos que, a su juicio, han desvirtuado la lucha antinarcóticos. “Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles, es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad”, sentenció, elevando la apuesta retórica y jurídica sobre un tema que tradicionalmente se maneja en los pasillos discretos de la diplomacia y las agencias de inteligencia.
Este nuevo marco de cooperación, según el presidente, no nace de la debilidad, sino de la coherencia con un principio: “Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie”. Una declaración que suena a manifiesto y que busca reposicionar a Colombia no como un aliado dócil, sino como un socio con derecho a voz y veto en cómo se libra esta guerra en su propio territorio.
Para remarcar su determinación de cambiar las reglas del juego, Petro anunció un movimiento diplomático significativo: “Para una guía más científica del tratamiento de las mafias de la cocaína, pondré de embajadora ante la ONU y Austria, en Viena, a Marcela Tovar”. Viena es la sede de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el corazón normativo global de esta lucha. La jugada es, sin duda, un intento de llevar su batalla ideológica al tablero donde se deciden las políticas internacionales sobre drogas.
El mandatario no eludió el costo personal de su ofensiva. Recordó que las mafias, contra las cuales asegura haber propiciado “los golpes más duros que gobierno colombiano alguno”, han respondido “amenazando a mis hijas y nietas de muerte en Marsella y en Bogotá”. Un dato crudo que utiliza para blindarse de las acusaciones de blandura, argumentando que su postura no es proteger a los criminales, sino someterlos a una justicia que no actúe como verdugo.
Al final, el mensaje de Petro es una compleja mezcla de convicción y realpolitik. Por un lado, proclama que “con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias, y así seguirá siendo”. Por otro, extiende la mano a Washington, pero con la palma abierta, mostrando condiciones. Ha cedido en la forma –la cooperación continúa– pero ha plantado bandera en el fondo –cómo se ejerce–. El tiempo dirá si este giro táctico fortalece su posición o si, en el intrincado tablero de las relaciones colombo-americanas, es una jugada que le terminará pasando factura.
Humberto ‘Toto’ Torres




