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El grupo criminal venezolano de alcance transnacional, identificado como el “Tren de Aragua” y con presencia confirmada en al menos ocho países de América Latina, expresó su interés en ser incluido dentro de la política de Paz Total promovida por el Gobierno. A través de una carta dirigida al presidente de la República, al ministro de Justicia y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, la organización planteó su disposición a revelar presuntos vínculos con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, siempre que se le permita participar en una mesa formal de diálogo.
“Estamos dispuestos a entregar información sobre nexos con altos funcionarios del régimen venezolano, siempre que se nos reconozca como interlocutores válidos en un proceso de paz”, señala el documento firmado por Larry Amaury Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, identificado como uno de los cabecillas del grupo. La comunicación plantea la posibilidad de someterse a un proceso de justicia restaurativa, con reconocimiento de delitos y reparación a las víctimas.
La propuesta se conoció en medio de un contexto en el que otras estructuras armadas, como el ELN y el grupo urbano conocido como “Pipe Tuluá”, también han solicitado ser incluidas en los mecanismos de diálogo. Sin embargo, el caso del Tren de Aragua ha generado una respuesta inmediata y contundente por parte del Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, fue enfático al rechazar la solicitud. “No vamos a permitir que se burlen de la justicia. El Gobierno no negociará con estructuras criminales que no tienen ningún tipo de legitimidad política ni motivación ideológica”, declaró. Montealegre subrayó que la Paz Total está dirigida exclusivamente a actores armados con vocación de desmovilización y que cumplan criterios jurídicos definidos.
Paralelo a esto, las autoridades colombianas confirmaron la captura de alias “Adriancito”, otro de los cabecillas del Tren de Aragua y uno de los diez criminales más buscados en Venezuela. Su detención se produjo en territorio colombiano, en el marco de operativos coordinados con agencias internacionales. El hecho refuerza las alertas sobre la expansión de esta organización en el país, especialmente en zonas urbanas donde ha sido vinculada con delitos como extorsión, homicidio, trata de personas y narcotráfico.
El expresidente César Gaviria también se pronunció sobre el tema, acusando al Gobierno de Gustavo Petro de ofrecer impunidad a una “multinacional del crimen”. En sus palabras, “el Tren de Aragua no puede ser tratado como actor político. Es una estructura criminal que opera con lógica empresarial y violenta”. Gaviria advirtió que incluir a este tipo de organizaciones en procesos de paz podría debilitar el sistema judicial colombiano.
Hasta el momento, el Gobierno mantiene su negativa frente a cualquier acercamiento con el Tren de Aragua. La carta enviada por alias “Larry Changa” no ha sido respondida oficialmente más allá de las declaraciones públicas del ministro de Justicia. La política de Paz Total continúa su curso con otros actores armados, mientras se refuerzan los controles contra organizaciones de carácter criminal.
Juan Joya




