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¿Puede una entidad reguladora solicitar actas editoriales sin vulnerar la independencia informativa?
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) anunció este viernes 10 de octubre su retractación oficial frente al requerimiento enviado a medios de comunicación, en el que solicitaba información detallada sobre sus consejos editoriales, criterios de selección de contenidos y mecanismos internos de verificación. La decisión se conoce tras una ola de críticas por parte de gremios periodísticos, juristas, exfuncionarios y hasta del propio presidente Gustavo Petro, quien calificó la medida como un intento de censura institucional.
El documento original, con fecha del 8 de octubre, fue enviado a operadores de televisión y medios informativos, solicitando que detallaran “cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio para garantizar que la información difundida en espacios periodísticos y noticiosos cumpla con criterios de imparcialidad, objetividad y veracidad”. También se pedía detallar “cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten”, incluyendo fuentes, enfoques y mecanismos de contraste.
La CRC justificó inicialmente la solicitud como parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control, y aseguró que buscaba conocer buenas prácticas editoriales. Sin embargo, ante la controversia generada, la entidad aclaró que no pretende intervenir en los contenidos ni vulnerar el derecho a la reserva de la fuente. “La intención era pedagógica, no sancionatoria”, indicó la comisión en su comunicado de retractación.
El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al requerimiento y afirmó: “No me censurarán solo a mí”, en referencia a lo que consideró una presión institucional sobre los medios de comunicación. Su declaración se suma a las advertencias de juristas y exdirectores de entes reguladores, quienes calificaron la medida como “inconstitucional” y “una intromisión en la independencia editorial”.
La polémica también generó reacciones en el sector académico y en organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que alertaron sobre el riesgo de establecer precedentes regulatorios que afecten la autonomía informativa. El requerimiento incluía incluso la entrega de actas de consejos editoriales y manuales internos, lo que fue interpretado como una vulneración de la reserva profesional y del derecho a la libre expresión.
La CRC anunció que enviará un nuevo documento aclaratorio, en el que se excluirán las exigencias que comprometan la autonomía editorial de los medios. La retractación marca un precedente en la relación entre organismos reguladores y medios de comunicación, un precedente que nos obliga a revisar los límites legales de la supervisión estatal sobre el ejercicio periodístico en Colombia.
Juan Joya
