Corte Suprema ordena investigar a Ministro de Salud y a presidente de Ecopetrol: presunto financiamiento irregular de campaña de Petro

En una decisión de alto impacto político, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por su presunta participación en irregularidades en los registros de gastos de la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República.

La investigación se centra en un hallazgo crucial: el contrato de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), valorado en más de $1.200 millones, fue incorporado indebidamente como gasto de la campaña al Senado, cuando en realidad habría sido utilizado por la campaña presidencial de Gustavo Petro durante la consulta interna del Pacto Histórico.

Los Roles y las Presuntas Responsabilidades

El despacho del magistrado Misael Rodríguez delineó con precisión las responsabilidades de cada uno de los altos funcionarios señalados. Guillermo Alfonso Jaramillo, en su rol de gerente de la campaña al Senado, “habría tenido la responsabilidad de no presentar información errada o falsa” en los registros financieros, función que, según el alto tribunal, no cumplió al incluir gastos que no correspondían a su campaña.

Por su parte, la investigación contra Ricardo Roa se fundamenta en su posición como gerente de la campaña presidencial de Petro, la entidad que realmente habría utilizado los servicios de la aerolínea Sadi. Según la Corte, “Ricardo Roa sugirió que la campaña al Senado contratara a dicha empresa de transporte aéreo”, mientras que la coordinadora de agenda Laura Sarabia organizaba los itinerarios de los vuelos.

Ampliación del Escrutinio a Otras Entidades

La decisión de la Corte Suprema no se limita a la acción penal. El tribunal también remitió copias de lo actuado al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo ante el cual se habría presentado la información financiera ahora cuestionada, para que ejerza sus facultades disciplinarias dentro del ámbito de su competencia.

Adicionalmente, la compulsa de copias fue enviada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, con el fin de que evalúe la posible apertura de una investigación formal contra otras personas que pudieran tener responsabilidades en estos hechos, lo que amplía el espectro del escrutinio político y jurídico.

Este procedimiento judicial abre un nuevo y significativo capítulo de escrutinio sobre el financiamiento de las campañas que llevaron al poder al actual gobierno, situando a dos de sus más prominentes funcionarios en el centro de una investigación que podría tener profundas repercusiones políticas.

Humberto ‘Toto’ Torres