Cancillería advierte sobre presiones diplomáticas de EE. UU. y retorno masivo de migrantes colombianos

El gobierno colombiano advierte que la Fuerza Aeroespacial intervendrá si se insiste en traslados forzados sin condiciones mínimas de seguridad para los connacionales. Durante el Encuentro Internacional “La Vorágine del Migrante Colombiano en el Mundo”, realizado en Pereira los días 27 y 28 de septiembre de 2025, la canciller Rosa Villavicencio reveló que el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado la salida inmediata de 33.000 ciudadanos colombianos con resolución de expulsión por indocumentación. La funcionaria afirmó que estas presiones incluyen la amenaza de trasladar a los migrantes a la prisión de Guantánamo, en Cuba, si no se concretan los vuelos de deportación.

La declaración fue emitida ante representantes de organizaciones sociales, autoridades locales y congresistas reunidos en el evento, convocado para analizar el fenómeno migratorio colombiano desde una perspectiva integral. Según Villavicencio, el gobierno colombiano no autorizará vuelos de deportación que transiten por su espacio aéreo sin garantías de respeto a los derechos humanos. En caso de que se insista en los traslados forzados, la Fuerza Aeroespacial Colombiana intervendrá para garantizar el retorno digno de los connacionales.

“Sentimos permanentemente una espada de Damocles diciéndonos que si no sacamos rápidamente a los 33.000 migrantes colombianos con resolución de expulsión por indocumentados, los van a llevar a Guantánamo en Cuba”, expresó la canciller, quien resaltó que Colombia no permitirá que sus ciudadanos sean tratados como amenaza diplomática. “Como gobierno tenemos que plantarnos en la raya y con toda la dignidad para decirles que no lo vamos a admitir”, agregó.

El fenómeno migratorio colombiano ha adquirido una dimensión crítica. Se estima que entre cinco y siete millones de colombianos viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos y España. En lo corrido de 2025, más de 10.000 ciudadanos han retornado por la ruta del Darién, lo que dimensiona una migración inversa impulsada por medidas restrictivas, precarización laboral y falta de garantías legales. Pereira, como ciudad anfitriona del encuentro, concentra una alta población de familias que dependen de las remesas enviadas por sus parientes en el exterior.

Durante el evento, se anunció la consolidación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, un mecanismo que permitirá a las regiones hacer seguimiento a la Política Integral Migratoria. También se advirtió que miles de migrantes desconocen los procesos legales y las instituciones a las que pueden acudir, lo que derivaría en situaciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo trata de personas, explotación laboral y separación familiar.

El encuentro concluyó con un llamado a la comunidad internacional para que se respeten los derechos de los migrantes colombianos y se fortalezcan los canales diplomáticos sin recurrir a amenazas ni medidas coercitivas. La situación de los 33.000 colombianos con orden de expulsión sigue siendo motivo de tensión bilateral, y se espera que en los próximos días se definan nuevas rutas de diálogo entre ambos gobiernos.

Juan Joya