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La Comisión Seccional de Disciplina Judicial (CDJ) del Atlántico abrió investigación formal contra la Juez Primera de Ejecución de Penas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, tras su decisión de otorgar la libertad condicional a Emilio Tapia, señalado contratista en el escándalo de corrupción de ‘Centros Poblados’.
La medida disciplinaria fue adoptada luego de que, el pasado 11 de abril, la funcionaria judicial dejara en libertad a Tapia, quien había sido condenado a 6 años y 4 meses de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía. La juez consideró que el contratista ya había cumplido 48 meses y 10 días entre tiempo efectivo de reclusión y redención de pena por trabajo carcelario. La libertad se hizo efectiva el 14 de abril de 2025, en horas de la tarde.
Emilio Tapia es reconocido por la justicia como el “cerebro” de la maniobra que permitió el anticipo de $70.000 millones al consorcio Unión Temporal Centros Poblados, mediante falsas garantías bancarias. Los recursos, que debían destinarse a conectar a comunidades rurales al servicio de internet, se extraviaron.
La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión de la juez, al considerar que no se cumplían los requisitos legales establecidos en el artículo 64 del Código Penal, el artículo 150 del Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 267 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley 190 de 1995. Según el ente de control, era obligatorio que las entidades públicas afectadas se constituyeran como parte civil en el proceso.
En respuesta, la presidencia de la Comisión Seccional del Atlántico compulsó copias el 22 de abril para iniciar actuación disciplinaria en contra de la juez.
Posteriormente, a comienzos de mayo, se abrió una indagación preliminar y, con base en la información recopilada, el pasado 17 de septiembre se ordenó la apertura de una investigación formal. Esta decisión busca determinar no solo la legalidad de la libertad condicional otorgada a Tapia, sino también establecer si hubo mora en la resolución del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público.
Con este proceso, el caso Centros Poblados vuelve al centro del debate nacional, en medio de cuestionamientos a la gestión judicial y de reclamos de las víctimas por el desfalco multimillonario que dejó sin conectividad a miles de niños en las zonas rurales del país.
Sala Digital Colmundo
