JEP condena a 12 militares por 135 falsos positivos en Valledupar: ¿cuántos años de sanción les dieron?

Este jueves 18 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su segunda sentencia, esta vez contra 12 militares que hicieron parte del Batallón La Popa, en Valledupar, entre los años 2002 y 2005. Los uniformados fueron hallados responsables de 135 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

Durante la audiencia, los señalados aceptaron haber participado en estos hechos y deberán cumplir sanciones restaurativas, en lugar de penas ordinarias de cárcel. Inicialmente se les fijó una condena de ocho años, pero a algunos se les descontó tiempo ya cumplido en prisión. Las sanciones se desarrollarán en Valledupar, donde los comparecientes deberán cumplir con los proyectos restaurativos de lunes a viernes. En caso de no residir en esta ciudad o en sus alrededores, tendrán que permanecer en unidades militares mientras cumplen las órdenes de la JEP. De acuerdo con el organismo, con estas medidas se busca no solo sancionar a los responsables, sino también aportar a la reparación de las comunidades víctimas del conflicto armado en la región Caribe.

Según la investigación judicial, los crímenes cometidos respondieron a dos patrones “macrocriminales”. El primero estuvo relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas en connivencia entre miembros del Ejército y frentes del Bloque Norte de las AUC, con el objetivo de presentar a las víctimas como bajas en combate. El segundo corresponde a ataques contra personas en situación de vulnerabilidad, que fueron capturadas engañadas, para luego ser reportadas como guerrilleros muertos en enfrentamientos.

Entre los militares condenados se encuentran oficiales y suboficiales retirados, así como soldados profesionales. En la lista figuran el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, el sargento primero retirado Efraín Andrade Perea y el teniente retirado Carlos Andrés Lora Cabrales, entre otros. Todos deberán participar en proyectos comunitarios y de memoria, como parte de sus sanciones.

La JEP explicó que las medidas restaurativas comprenden seis proyectos en distintas comunidades del Caribe colombiano. Entre ellos se destaca la construcción de un mausoleo con 700 osarios en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar, como homenaje a las víctimas. También deberán trabajar en el centro de armonización del pueblo Kankuamo y en el centro cultural y de memoria del pueblo Wiwa. Estas actividades incluyen labores de construcción, adecuación de terrenos, siembra de árboles y acciones simbólicas de reparación.

Otros proyectos contemplan el fortalecimiento productivo de comunidades urbanas y rurales, la construcción de casas multipropósito para la reconstrucción de vidas, y el apoyo a la Casa Cultural Nelson Enrique Romo Romero. En todos los casos, los militares deberán asumir labores técnicas, logísticas y comunitarias. Con estas decisiones, la JEP busca que los responsables reconozcan el daño causado y aporten a la reconstrucción del tejido social, mientras las comunidades avanzan en procesos de memoria y reparación.

Dayineth Isabel Molina Velásquez