Procuraduría formula cargos por “culpa gravísima” a cuatro exfuncionarios de la administración Quintero

¿Está en riesgo la viabilidad política del exalcalde y su círculo cercano?

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a título de “culpa gravísima” contra cuatro exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero en Medellín, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos interadministrativos entre Metroparques, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Las decisiones se suman a una serie de sanciones e imputaciones que configuran un panorama judicial complejo para el exalcalde y su equipo de gobierno.

Los funcionarios señalados son Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del AMVA; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; y los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda. Según la Procuraduría, los contratos bajo revisión suman más de $268.000 millones, de los cuales cerca de $120.000 millones fueron adjudicados a 22 empresas que posteriormente se vieron involucradas en escándalos de corrupción.

La investigación se originó en mayo de 2024, tras denuncias de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, que alertó sobre una presunta cartelización en la adjudicación de contratos. Los convenios, relacionados con el mantenimiento del Parque de las Aguas y la organización de eventos deportivos, fueron financiados con recursos del Presupuesto Participativo. En varios casos, los procesos se realizaron mediante invitación privada, cuando debieron ser licitaciones públicas, y algunos contratistas no acreditaron la experiencia requerida.

La Procuraduría determinó que los exfuncionarios desconocieron principios esenciales de la contratación estatal, lo que motivó la formulación de cargos disciplinarios. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos penales por peculado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato, en procesos que involucran a los mismos exfuncionarios y a varios contratistas privados.

Uno de los casos más emblemáticos es el del contrato entre el AMVA y Metroparques por $17.450 millones, que derivó en subcontrataciones a empresas como JPino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Zafiro S.A.S., algunas de las cuales fueron catalogadas como “empresas de papel” por la Fiscalía. En otro proceso, el Inder firmó un contrato por $21.000 millones con Metroparques, que fue modificado siete veces sin justificación técnica, elevando su valor a $24.205 millones. La Fiscalía sostiene que Diana Toro Zuleta se habría apropiado de $1.900 millones mediante sobrecostos del 55,7 % en insumos deportivos.

Además, Jorge Enrique Liévano y Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura, ya fueron sancionados con destitución e inhabilidad por nueve años, por ampliar sin justificación un contrato con el Jardín Botánico. Estas decisiones se suman a las 43 imputaciones que pesan sobre Daniel Quintero y 36 de sus exfuncionarios y contratistas, en casos que incluyen el programa Buen Comienzo, el lote Aguas Vivas y el manejo de zonas verdes.

La dimensión de las acusaciones revela un patrón de contratación directa, concentración de recursos en Metroparques y presunta connivencia entre funcionarios y contratistas. Según la veeduría Todos por Medellín, el 98,4 % de los recursos ejecutados entre 2020 y 2023 por Metroparques provino del AMVA, el Inder y otras dependencias distritales, lo que sugiere una estructura de direccionamiento sistemático.

El impacto político de estos procesos es significativo. Daniel Quintero, hoy precandidato presidencial, ha optado por una estrategia de confrontación pública, cuestionando la legitimidad de la justicia y denunciando persecución política. Sin embargo, sectores del Pacto Histórico han solicitado explicaciones, mientras se acumulan decisiones judiciales y disciplinarias que podrían condicionar su aspiración electoral.

Juan Joya