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26 agosto, 2025El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, anunció que el próximo mes de septiembre podría cambiar el rumbo de la institución, ya que será presentado ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca convertir a la universidad en una institución pública.
La iniciativa, que será respaldada por congresistas de la bancada Caribe, tiene como objetivo que el trámite se surta en un solo periodo legislativo, de modo que pueda ser aprobada en diciembre y que en 2026 comience la transición hacia su estatización. El anuncio se da pocos días después de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, asegurara que el Gobierno Nacional no tenía intenciones de convertir a la Autónoma en universidad pública por ahora.
Sin embargo, el rector explicó que, pese a esa postura oficial, la propuesta es necesaria para darle una salida estructural a la crisis financiera que atraviesa la institución, la cual desde hace varios años viene arrastrando un pasivo considerable que ha limitado su crecimiento y estabilidad. En sus palabras, si no se da este paso hacia la estatización, la universidad tendría que aplicar un drástico recorte de nómina. “Tendríamos que reducir aproximadamente 100 personas de nuestra nómina actual, lo que afectaría a empleados y docentes con contrato indefinido, además de impactar la calidad de la enseñanza y la estabilidad laboral”, indicó. Hoy en día, la universidad cuenta con 525 trabajadores vinculados de manera permanente, además de catedráticos que son contratados por semestre.
La situación financiera, según el directivo, depende en gran medida de los ingresos por matrículas, lo que no es suficiente para equilibrar los gastos acumulados. Por esa razón, insistió en que la estatización no solo salvaría empleos, sino que garantizaría la continuidad de la institución como referente académico en la región Caribe. “De no hacerlo, la Autónoma se vería obligada a tomar decisiones dolorosas que afectarían directamente a su gente”, expuso.
Senior también destacó que la transformación en universidad pública no solo aliviaría la crisis financiera, sino que traería grandes beneficios para la comunidad estudiantil. Señaló que en tan solo un año, con apoyo de las políticas de gratuidad del Gobierno, se podrían duplicar los cupos disponibles, pasando de 6.000 estudiantes matriculados a más de 12.000. Esto significaría más oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes de Barranquilla y la región Caribe.
En ese sentido, recalcó que el proyecto de ley no se improvisó, sino que ha sido construido con el respaldo de distintos sectores de la comunidad universitaria. Por lo que han realizado más de 15 asambleas con diferentes estamentos, escuchando propuestas y preocupaciones, con el propósito de preparar el camino hacia el cambio. Finalmente, Senior enfatizó que el paso hacia la educación pública representa no solo un alivio económico, sino un compromiso con la región y sus jóvenes. La apuesta, según dijo, es que la universidad se convierta en un motor de desarrollo y de igualdad de oportunidades.
Dayineth Isabel Molina Velásquez




