María Alejandra Benavides destapa supuestas presiones de políticos en millonarios proyectos de la UNGRD  

La exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, entregó un extenso testimonio ante la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación por el desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sus declaraciones apuntan a presuntas presiones de exministros y congresistas en la adjudicación de contratos por más de 92.000 millones de pesos.

Benavides aseguró que recibió instrucciones directas para gestionar proyectos en beneficio de varios parlamentarios y que fue el propio entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien la presentó ante el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, como la persona encargada de tramitar “los temas” relacionados con estas iniciativas.

Según su versión, cinco congresistas estaban interesados en proyectos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado (Bolívar), todos destinados a obras de contención y prevención de inundaciones. “El representante Wadith Manzur me manifestó que iba con la senadora Liliana Bitar y el representante Julián Peinado en el caso del proyecto de Cotorra”, declaró ante el magistrado Misael Rodríguez.

La Corte investiga si los congresistas, varios de ellos integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, intervinieron en la adjudicación directa de los convenios. Uno de los contratos en disputa ascendía a 50.000 millones de pesos en Cotorra; otro, a 12.356 millones en El Salado; y un tercero, a 30.000 millones en Saravena. Ninguno llegó a ejecutarse, de acuerdo con los testimonios recopilados.

Benavides agregó que en el caso de Saravena la representante a la Cámara por las curules de víctimas, Karen Manrique, le indicó que ese proyecto pertenecía a ella y al exrepresentante Juan Diego Muñoz, de la Alianza Verde, quien dejó su curul en 2023. La exfuncionaria afirmó que el entonces ministro Bonilla seguía de cerca el avance de las gestiones.

Uno de los puntos más delicados de su declaración fue la supuesta presión de la senadora conservadora Liliana Bitar, quien, según Benavides, le pidió borrar conversaciones de WhatsApp. “Ella me sugirió que si me parecía conveniente lo eliminara, y yo lo hice frente a ella”, relató la testigo.

Benavides también habló de un encuentro en la Casa de Nariño el 27 de noviembre de 2023, en el que participaron Bonilla, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, la exministra de Trabajo y hoy precandidata presidencial Gloria Inés Ramírez, y Olmedo López. La reunión coincide con el llamado “cónclave” que López ya había mencionado en diferentes escenarios judiciales y mediáticos.

Entre lágrimas, la testigo denunció amenazas contra su familia por colaborar con la justicia. Según dijo, recibió mensajes intimidatorios con imágenes de calaveras y lápidas, acompañados de advertencias de que su familia y su abogado “pagarían” si ella hablaba.

En julio pasado, Benavides logró un principio de oportunidad con la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, lo que le permite acceder a inmunidad judicial a cambio de colaborar en las investigaciones. Su testimonio apunta principalmente a su exjefe, Ricardo Bonilla, y a otros dirigentes políticos que habrían participado en el entramado de corrupción.

Humberto ‘Toto’ Torres