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La SIC abrió procesos sancionatorios tras detectar indicios de compras de arroz paddy verde por debajo del precio regulado entre agosto y diciembre de 2025.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos contra siete compradores de arroz por presuntamente adquirir arroz paddy verde por debajo del precio mínimo regulado en operaciones realizadas entre agosto y diciembre de 2025. Las investigaciones abarcan cinco zonas productoras del país y constituyen las primeras actuaciones desde la entrada en vigor del régimen de libertad regulada de precios.
Las empresas investigadas son Agroindustria Sismar S.A.S., Agrointegral Andina S.A.S., Arrocera Don Llano, Arrocera Formosa S.A.S., Coproarroz del Llano S.A.S., Estación Agrícola S.A.S. y Villarroz S.A. Según la autoridad, existen indicios preliminares de que habrían incumplido el precio mínimo fijado por el Ministerio de Agricultura para proteger a los productores.
El eje de la investigación es la presunta compra del cereal por debajo del valor obligatorio, una medida creada para evitar que los agricultores vendan su producción a precios inferiores a sus costos. La SIC aclaró que el esquema permite negociar valores superiores, pero nunca inferiores al piso establecido para cada región.
Las verificaciones se realizaron entre enero y abril de 2026, cuando funcionarios de la entidad inspeccionaron empresas del sector y recopilaron información contable, financiera y comercial sobre las compras efectuadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025. Tras comparar los valores pagados con los precios regulados, identificaron operaciones que habrían incumplido la normativa.
La Superintendencia también explicó que algunas de las empresas investigadas hicieron parte de un acuerdo de estabilización autorizado por la entidad, pero sostuvo que las operaciones objeto de los cargos corresponden a periodos no cubiertos por ese mecanismo, por lo que debían respetar plenamente el precio mínimo establecido por el Ministerio de Agricultura.
Los procesos se encuentran en etapa de formulación de cargos, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas. Cada investigado dispone de 15 días hábiles para presentar sus descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa dentro del procedimiento administrativo.
Si al finalizar las investigaciones se comprueba el incumplimiento de la regulación, la SIC podrá imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a lo previsto en la Ley 1480 de 2011. La entidad sostuvo que estas actuaciones buscan garantizar condiciones justas para los productores de arroz y fortalecer la seguridad y la soberanía alimentaria del país mediante el cumplimiento de las reglas del mercado.
Sala Digital Colmundo
