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La vereda Los Toros, en zona rural del municipio de Amalfi (Antioquia), se convirtió nuevamente en epicentro de una crisis humanitaria tras el desplazamiento forzado de al menos 20 familias. Según confirmó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, “llegaron alrededor de 46 personas, 20 familias. Algunas ya retornaron, pero mantenemos el censo abierto para verificar si más personas deciden desplazarse”. Las autoridades locales advierten que el número podría aumentar en los próximos días, dependiendo de la evolución del conflicto armado en el territorio.
La mayoría de los desplazados se han instalado en la cabecera urbana de Amalfi, mientras otros buscaron refugio en municipios cercanos como Anorí. La Defensoría del Pueblo ha monitoreado la situación y alertó sobre la presencia de minas antipersona y artefactos explosivos en la zona, lo que ha incrementado el temor entre los habitantes. “La comunidad está atemorizada. No quieren regresar por miedo a que haya más enfrentamientos o explosivos”, señalaron voceros locales citados por medios regionales.
El detonante de este nuevo éxodo fue el atentado ocurrido el 21 de agosto de 2025, cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en la vereda Los Toros mientras apoyaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. El ataque, que dejó 13 policías muertos, fue ejecutado mediante el uso de drones cargados con explosivos, una táctica atribuida al frente 36 del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá. Las autoridades confirmaron que el terreno había sido acondicionado previamente con cilindros enterrados, lo que evidencia una emboscada planificada.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el atentado como parte de una ofensiva terrorista que busca intimidar a la población y debilitar la presencia institucional en zonas estratégicas. “El helicóptero que hacía operativos contra el narcotráfico en Amalfi fue derribado con un dron en horas de la mañana por disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá”. Sánchez reiteró que el Estado responderá con “toda la contundencia” y confirmó que se han realizado cinco bombardeos en esa zona de Antioquia desde diciembre como parte de las operaciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales.
La administración municipal activó protocolos de atención humanitaria para los desplazados, aunque líderes comunitarios advierten que las medidas son insuficientes. “No hay garantías para el retorno. La gente necesita seguridad, acompañamiento y respuestas claras”, expresó un habitante de la zona durante una entrevista con medios locales. La situación se agrava por la falta de acceso a servicios básicos y el temor constante a nuevos ataques.
En respuesta a los hechos violentos, la comunidad de Amalfi organizó una marcha por la paz el pasado 24 de agosto. La movilización recorrió las principales calles del municipio y culminó en el comando de la Policía, donde se izaron banderas a media asta en homenaje a los uniformados asesinados. El alcalde Wilmar Vélez declaró: “Estamos rechazando la violencia en nuestro municipio, en el departamento de Antioquia y en todo el país”.
Este no sería el único episodio de desplazamiento en la vereda Los Toros. Según reportes de la Defensoría del Pueblo, desde junio se han registrado al menos tres eventos de desplazamiento y confinamiento. En uno de ellos, 31 familias (81 personas) abandonaron sus viviendas, mientras que otras 12 familias (50 habitantes) fueron confinadas por la presencia de grupos armados ilegales. La persistencia de este tipo de hechos deja en claro una crisis estructural que requiere atención urgente por parte del Estado y respaldo de la comunidad internacional.
Juan Joya




