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Un grupo de actores fue arrestado en Putumayo por usar réplicas de uniformes militares durante el rodaje de un cortometraje. La Policía alega falta de información; la productora denuncia abuso.
Cinco actores fueron detenidos el pasado domingo en el municipio de Santiago, Putumayo, mientras participaban en el rodaje del cortometraje Carmenza, una producción que aborda el conflicto armado en Colombia. Los intérpretes, contratados por la productora Amarun S.A.S., vestían réplicas de uniformes militares como parte de una escena. La Policía Nacional los esposó y trasladó a la estación local, generando una ola de reacciones en el sector cultural.
Según la productora, “estas personas son sacadas de la grabación y luego llevadas a la estación de Policía del municipio de Santiago; creemos que Colombia tiene que apostarle a propuestas de desarrollo como el cine, pero no podemos llegar a estos extremos de judicializar a nuestros compañeros”. El equipo técnico aseguró que las prendas eran imitaciones alquiladas legalmente a una empresa especializada en utilería cinematográfica, y que el rodaje contaba con autorización para realizarse en una institución educativa del municipio.
Por otra parte, la versión oficial contrasta, señala que no hubo comunicación previa sobre la actividad. El coronel Álvaro Cabrera Gamba, comandante del Departamento de Policía de Putumayo, declaró: “Aquí lo que vemos es que hay una falta de comunicación por parte de las personas que estaban encargadas de hacer esto. La Policía nunca fue informada de esta actividad y, pues, el Ejército ve personas con estas prendas, debemos hacer la verificación y no estaban autorizadas”.
El incidente se viralizó en redes sociales, donde se exigió la intervención del presidente Gustavo Petro y del director de la Policía Nacional. El Festival de Cine: Encuentro del Putumayo respaldó a los actores y solicitó su liberación. “El arte como herramienta para la construcción de paz, nunca para la guerra”, expresó el evento en un comunicado.
Los cinco actores fueron trasladados a la Fiscalía en Sibundoy, donde se adelanta su proceso de judicialización. Las autoridades deberán verificar los permisos correspondientes y evaluar el contexto artístico en el que se desarrolló la escena. Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
El cortometraje Carmenza cuenta con financiación del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) y forma parte de una iniciativa cultural que busca narrar las memorias del conflicto armado en el Alto Putumayo. La escena en cuestión recreaba una situación de presencia militar en zona rural, enmarcada dentro de una obra de ficción.
Un caso que muestra una tensión estructural entre el ejercicio legítimo de la seguridad pública y la libertad de creación artística. Si bien el uso de prendas militares está regulado por ley, también lo está el derecho a la expresión cultural, especialmente en territorios donde el arte ha sido una vía para reconstruir memoria y promover reconciliación. La acción de las autoridades puede entenderse como una respuesta preventiva ante un posible uso indebido de símbolos oficiales, pero también como una señal preocupante de desconocimiento institucional frente a proyectos culturales autorizados.
Ante todo esto, la reflexión que nos deja el caso no es solo sobre quién tenía la razón, sino sobre cómo se construyen los puentes entre cultura y seguridad en un país que aún busca sanar sus heridas. Si bien es cierta la acción oportuna de las autoridades, también lo es el respeto por los espacios de creación que, lejos de representar una amenaza, pueden ser aliados en la construcción de paz.
Juan Joya
