
Bogotá fue seleccionada por Bloomberg Philanthropies para fortalecer el uso de datos en políticas públicas
1 agosto, 2025
Seattle Sounders no tuvo piedad con Kevin Mier: el golero colombiano recibió 7 goles en una noche para el olvido
1 agosto, 2025Este jueves 31 de julio, el abogado Víctor Mosquera Marín, en calidad de apoderado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, radicó una denuncia penal contra del hoy presidente Gustavo Petro Urrego ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La acción judicial se basa en los presuntos delitos de calumnia (artículo 221 del Código Penal) y hostigamiento (artículo 134B), en relación con una serie de publicaciones realizadas por el jefe de Estado en la red social X los días 28 y 29 de julio.
Según el comunicado oficial de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, las expresiones del presidente Petro atribuyen al exmandatario conductas delictivas graves como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, sin que exista respaldo judicial o condena penal que sustente tales afirmaciones. “Estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política del Dr. Álvaro Uribe Vélez, sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político”, señala el documento.

La denuncia se presenta en un ambiente de alta tensión política y judicial. El expresidente Uribe fue recientemente hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en un fallo emitido por la jueza Sandra Heredia. La audiencia de lectura de sentencia está programada para hoy a las 2:00 p.m, y la Fiscalía ha solicitado una pena de 108 meses de prisión, además de multas económicas. En respuesta a este fallo, Petro publicó mensajes en los que defendió la independencia judicial y criticó cualquier intento de presión sobre los jueces.
El cruce de declaraciones entre ambos líderes se ha intensificado en los últimos días. El presidente sugirió que Uribe podría acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contribuir con la verdad sobre el conflicto armado, lo que fue rechazado por el exmandatario, quien exigió al presidente que renuncie al indulto que habría recibido por su militancia en el M-19 y se someta a un examen toxicológico. Uribe también publicó un documento en el que Petro se presenta como “miembro indultado del M-19”, contradiciendo declaraciones recientes del presidente sobre no haber recibido dicho beneficio.
La firma Mosquera Marín argumenta que las declaraciones del presidente Petro violan los límites constitucionales e internacionales de la libertad de expresión, citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “La conducta representa una forma de violencia institucional con efectos potencialmente criminales”, afirma el abogado, quien también ha interpuesto denuncias similares en defensa del senador Miguel Uribe Turbay.
La Comisión de Investigación y Acusación ahora deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y determinar si existen méritos para avanzar en una investigación formal contra el presidente Petro. Hasta el momento, no se ha emitido pronunciamiento oficial por parte de la Casa de Nariño sobre esta acción judicial.
Este capítulo más que se suma a una serie de enfrentamientos entre el presidente Petro y figuras del Centro Democrático, en medio de un clima de polarización política y cuestionamientos sobre el respeto a las garantías democráticas. La evolución del caso será seguida de cerca por medios, analistas y organismos nacionales e internacionales atentos al equilibrio institucional en Colombia.
Juan Joya




