Concejo alerta sobre presuntas irregularidades en contrato de alimentación para la Cárcel Distrital

Desde el Concejo de Bogotá se prendieron las alarmas por posibles irregularidades en el proceso de contratación que adelanta la Secretaría de Seguridad para el suministro de alimentos en la Cárcel Distrital. Según explicó, el pasado 11 de julio se llevó a cabo una subasta inversa a través del SECOP por un valor cercano a los $50 mil millones, destinada a cubrir el servicio durante los próximos tres años.

El concejal de Bogotá Julián Espinosa, cuestionó la transparencia del proceso al señalar que, a las 5:18 p.m. de ese día, la Unión Temporal Nutridistrital ofreció $37.000 por ración. Ocho segundos después, la empresa ARDIKO S.A.S. presentó una oferta por $15.000 por ración.

“¿Realmente es posible ofrecer desayuno, refrigerios, almuerzo, cena y café por solo $15.000?”, se preguntó el concejal.

El cabildante advirtió que las ofertas presentadas parecían estar sospechosamente sincronizadas, con diferencias de precios difíciles de justificar. Agregó que la Unión Temporal Amanecer Distrital conformada por empresas con antecedentes cuestionables pidió suspender la subasta argumentando un precio artificialmente bajo, pero segundos después presentó una oferta por $14.700.

“Estamos frente a un proceso que podría convertirse en un escándalo para el Distrito si no se toman medidas urgentes. Es fundamental que las autoridades administrativas, los entes de control y la ciudadanía presten atención a lo que está ocurriendo”, alertó Espinosa.

Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, también recordó que varias de las empresas involucradas entre ellas MACSOL, DISFRUVER, PROVECOL y ARDI han sido señaladas anteriormente por presuntas irregularidades en contratos públicos.

“MACSOL fue investigada por su presunta participación en un cartel del Programa de Alimentación Escolar. DISFRUVER fue sancionada en 2019 por sabotear procesos del PAE, y ARDIKO ha sido cuestionada por entregar alimentos de mala calidad”, advirtió.

Espinosa señaló que este tipo de maniobras podrían configurar una colusión entre oferentes, conducta prohibida por la Ley 1474 de 2011, que contempla sanciones por ofrecer precios artificialmente bajos con el objetivo de ganar contratos y luego solicitar adiciones presupuestales.

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades: “Le solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad que detengan esta subasta inversa. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo y evitar que este contrato se adjudique con vicios de procedimiento. Pedimos el acompañamiento inmediato de la Procuraduría y la Fiscalía para investigar a fondo este caso”, concluyó.

Paola Martínez Burgos