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La decisión no cobija a todos los extraditables y será revisada caso por caso, según el Ministerio de Justicia.
El Gobierno Nacional anunció que suspenderá las extradiciones a Estados Unidos de los integrantes de grupos armados ilegales que actualmente participan en negociaciones dentro del marco de la política de “paz total”. La decisión fue comunicada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien señaló que la medida se aplicará únicamente a quienes estén “vinculados de forma cierta y verificable a procesos de paz con el Estado colombiano”.
Según Montealegre, “los grupos que se encuentren en medio de una negociación con el Estado, y cuyos integrantes estén comprometidos con una eventual desmovilización y con la dejación de armas, tendrán garantías jurídicas para avanzar en el proceso”. Esta suspensión se hará efectiva a través de resoluciones que nieguen temporalmente las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno de Estados Unidos, siempre y cuando se certifique la participación activa de los solicitados en los diálogos.
https://x.com/AFP/status/1938406843845337461
El ministro argumentó que extraditar a líderes de grupos armados que están colaborando con el proceso de paz, podría llegar a entorpecer los avances alcanzados hasta el momento. “No tiene sentido enviar a la justicia internacional a quienes están dispuestos a reparar a las víctimas, a contribuir a la verdad y a desarticular las estructuras criminales desde adentro”, afirmó Montealegre. Agregó que la suspensión será evaluada caso por caso, sin que esto implique una amnistía automática o impunidad.
Diversos medios reportaron que esta decisión se enmarca en una interpretación constitucional y política que privilegia la justicia transicional sobre la ordinaria, cuando se trata de procesos que buscan terminar con la violencia armada. En palabras del ministro, “la Constitución permite establecer limitaciones a la extradición cuando está de por medio un objetivo superior como la paz”. El Gobierno asegura que se trata de una herramienta jurídica legítima para avanzar en la resolución de conflictos armados internos.
Aun así, la medida ha generado reacciones mixtas en sectores políticos y judiciales. Mientras algunos sectores consideran que se trata de un paso necesario para proteger el proceso de paz y brindar garantías a los negociadores, otros advierten sobre el riesgo de enviar un mensaje equivocado a estructuras criminales. En particular, genera inquietud sobre cómo se verificará la pertenencia de los solicitados a procesos reales de paz y cuál será el control sobre los beneficios que puedan recibir.
El Ministerio de Justicia aseguró que la suspensión de extradiciones no cobija a quienes no estén comprometidos con la paz ni a quienes sigan delinquiendo. “Esta medida no será un refugio para criminales”, puntualizó Montealegre. Las autoridades colombianas y estadounidenses mantendrán los canales de cooperación judicial abiertos, pero con criterios diferenciados cuando se trate de integrantes de estructuras armadas en diálogo con el Estado.
Juan Joya
