La justicia colombiana ha dado un paso firme en la lucha contra la corrupción al condenar a dos exfuncionarios de la Gobernación del Magdalena y a un contratista por desviar recursos destinados a la educación de niños en zonas de difícil acceso. El exsecretario de Educación del departamento, Antonio José Matera Ramos, la exfuncionaria Dubys Teresa Zagarra Palacios y el contratista John Mairon Macías Sierra fueron sentenciados a penas de prisión que superan los 20 años por su participación en un escándalo que afectó a miles de menores en comunidades vulnerables.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los implicados fueron declarados responsables del delito de peculado por apropiación, al desviar $5.000 millones de pesos que tenían como fin garantizar el servicio educativo en zonas geográficas de difícil acceso en el Magdalena. El fallo, que es de primera instancia, condenó a Matera Ramos a 20 años y 10 meses de prisión, a Zagarra Palacios a 25 años de cárcel y a Macías Sierra a 33 años y 4 meses de prisión. Las penas deberán cumplirse en establecimientos carcelarios.
El caso que conmocionó al Magdalena
Los hechos que llevaron a estas condenas están relacionados con el contrato 545 de 2013, suscrito entre la Gobernación del Magdalena y una fundación por un valor de $18.531 millones de pesos. El objetivo era prestar servicios educativos a 15.524 menores fuera de la cobertura departamental. Sin embargo, solo 5.191 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos, lo que evidenció un grave incumplimiento en la ejecución del proyecto.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, reveló que el contratista John Mairon Macías Sierra no cumplió con sus obligaciones, que incluían la ubicación y dotación de aulas, la entrega de materiales educativos y la selección y pago de docentes. Además, se comprobó que presentó documentos falsos, como contratos de profesores y facturas, para justificar actividades que nunca se realizaron. La empresa utilizada para estos fines estaba registrada para comercializar repuestos de automóviles, lo que agravó el caso.
Fallas en la supervisión y certificación
Por su parte, la interventoría del contrato, a cargo de una universidad pública, certificó erróneamente que el proyecto se había ejecutado en su totalidad. Dubys Zagarra Palacios, en su rol de supervisora, avaló estos informes, mientras que Antonio Matera Ramos, como exsecretario de Educación, aprobó una certificación de ejecución exitosa y ordenó el desembolso de los recursos. Estas acciones permitieron el desvío de los $5.000 millones, afectando gravemente a las comunidades más necesitadas.
Además del delito de peculado por apropiación, Zagarra Palacios fue condenada por falsedad ideológica en documento público. El fallo, aunque es de primera instancia, marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el sector educativo.
Declaraciones de la Fiscalía
En un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación señaló que “la información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de las personas relacionadas se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.”
Este caso no solo expone las graves fallas en la ejecución de proyectos sociales, sino que también resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para evitar que recursos destinados a la educación de los más vulnerables sean desviados. La condena de los implicados es un mensaje claro de que la corrupción no quedará impune en Colombia.
Humberto ‘Toto’ Torres