Contraloría investiga corrupción en el sector salud: presunta malversación de $11 billones de pesos

La Contraloría General de la República ha intensificado su vigilancia sobre el uso indebido de los recursos en el sector salud, anunciando que existen 522 procesos de responsabilidad fiscal abiertos, los cuales suman un total de $11 billones. Semejante cantidad pone en evidencia la magnitud de las irregularidades en la administración de los fondos destinados al sistema de salud colombiano.

Entre los hallazgos más destacados se encuentran 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por un valor de $498.539 millones, así como 41 fallos ejecutoriados que ascienden a $542.995 millones. Estas investigaciones han permitido recuperar $10.849 millones y obtener $174.230 millones mediante cobros coactivos, sumando un total de $185.080 millones recuperados.

Desde el año 2022, la gestión  de la Contraloría ha llevado a cabo auditorías financieras y de cumplimiento, además de fiscalizaciones y seguimiento a denuncias en el sector salud. Esto ha permitido la identificación de  serias inconsistencias en el uso de los fondos públicos, resultando en 871 hallazgos administrativos, de los cuales 182 tienen presunta incidencia fiscal por un monto de $181.049 millones.

Uno de los problemas identificados es el incumplimiento de los indicadores de habilitación financiera, lo que ha derivado en un uso indebido de los recursos de la salud y falta de liquidez en varias entidades. Asimismo, se ha señalado un manejo inadecuado de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fundamentales para garantizar la cobertura de los servicios médicos.

La prestación de servicios de salud a los docentes bajo la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), ha sido objeto de especial vigilancia. En 2023 y 2024, se encontraron hallazgos fiscales por más de $436.000 millones, evidenciando una gestión ineficiente y mal manejo de los fondos destinados a los maestros.

El monitoreo realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha sido determinante  para poder rastrear los movimientos financieros entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), las EPS, IPS y otros prestadores de salud. Este seguimiento ha permitido identificar irregularidades en el flujo de pagos y desvíos de recursos que deberían destinarse exclusivamente a la atención de los pacientes.

Uno de los informes que más llama la atención  se centró en el cumplimiento de los requisitos financieros de las EPS, detectando que más de 14 entidades no cumplían con las normas establecidas. Entre los principales problemas se encuentran: el uso indebido de la UPC, con más de $6 billones desviados para pagar deudas antiguas, y pagos sin facturación por $5 billones a IPS sin soportes ni facturas, lo que ha motivado investigaciones preliminares.

Además de la mala administración de recursos en EPS e IPS, la Contraloría ha puesto en evidencia problemas en las obras de infraestructura hospitalaria financiadas por el Ministerio de Salud. La DIARI ha emitido 14 alertas sobre el modelo de construcción de instituciones hospitalarias en varias regiones del país, subrayando problemas como sobrecostos, retrasos en la ejecución y posibles actos de corrupción.

Juan Joya