Alertas tempranas en siete departamentos: la Defensoría prende las alarmas por nuevos focos de violencia en Colombia

A la crítica situación del Catatumbo y los llamados de las autoridades sobre lo que sucede en Guaviare y Chocó, se suma una alerta de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de disidencias de las Farc en otros seis departamentos del país. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001-25 para advertir sobre los riesgos que enfrenta la población civil en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, tras la fragmentación del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias Farc.

De acuerdo con el comunicado, las tensiones y enfrentamientos armados han generado riesgos extremos en zonas como Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Santander (Amazonas), Mesetas (Meta) y Calamar (Guaviare). En otros lugares, como San José del Guaviare y el Bajo Putumayo, los riesgos están vinculados a la estigmatización de comunidades y a la imposición de gobernanzas armadas ilegales.

La disputa armada entre facciones lideradas por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ afecta a 45 municipios y tres áreas municipalizadas en las regiones de la Amazonia y la Orinoquía.

“El Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez (comandancia de Iván Mordisco) ha irrumpido en territorios hegemónicamente controlados por Calarcá Córdoba y este, a su vez, en aquellos dominados por el primero, dando comienzo a las confrontaciones que aquí se advierten”, señala la Defensoría en su alerta temprana.

Según la entidad, en esos departamentos es “inminente” que se presenten confrontaciones entre las dos alas disidentes de las Farc, lo que pondría en grave peligro la integridad y la vida de las 48 comunidades afectadas.

Calificó además su llamado a las autoridades nacionales como “extremo, en clave de prevención urgente de protección” en los núcleos comunales uno y dos del Bajo Caguán, y de carácter “alto en clave de prevención temprana” en las demás zonas de expansión de la acción armada.

Por el lado de las disidencias conocidas como Estado Mayor de los Bloques y el Frente, comandadas por alias Calarcá, la alerta menciona a ocho estructuras armadas: los frentes Iván Díaz, Darío Gutiérrez, Rodrigo Cadete, John Linares, Gaitán Gutiérrez y Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño; y, por otro lado, el Frente Móvil Jaime Rodríguez y el Raúl Reyes.

De las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, hay alerta por seis subestructuras del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez: los frentes Armando Ríos, Carolina Ramírez, Héroes de Marquetalia, 44 Antonio Ricaurte, Amazonas Jhonier Arenas y 39 Arcesio Niño. También los frentes Ismael Ruiz y Hernando Gonzales Acosta, agrupados en el Bloque Central Isaías Pardo.

https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1883123118765408520

¿Qué es una alerta temprana?

Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo es un documento que advierte sobre riesgos que podrían afectar los derechos humanos y la naturaleza. Este documento se envía al Gobierno nacional para que tome medidas y políticas públicas.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se basan en la recopilación de información, su análisis y valoración. En este proceso se consideran las amenazas, las vulnerabilidades de la población y los factores institucionales.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo pueden ayudar a:

  1.   Proteger los derechos humanos.

  2.   Prevenir vulneraciones a los derechos humanos y la naturaleza.

  2.   Mitigar el riesgo de violaciones masivas de los derechos humanos.

En ese sentido, la Defensoría hizo seis recomendaciones dirigidas a entidades del orden nacional. Al Ministerio del Interior le pidió acciones de coordinación de respuesta rápida, prevención y protección de liderazgos.

A la Oficina del Consejero Comisionado de Paz le solicitó coordinar estrategias de seguridad con las comunidades y de protección a líderes y veedores en la Mesa de Diálogos de Paz.

Por otro lado, al Ministerio de Defensa le pidió aumentar sus capacidades en los territorios con mayor despliegue de uniformados, así como fortalecer las capacidades de acompañamiento y reacción de los Departamentos de Policía de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Huila, Meta y Guaviare.

A la Fiscalía General de la Nación le solicitó fortalecer su capacidad de investigación criminal en la región, para seguirle la pista a las acciones terroristas de los grupos armados, especialmente a aquellos actos que atenten contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

En el caso de la Unidad para las Víctimas, el llamado fue a adelantar misiones de verificación de situaciones de confinamiento o de desplazamiento forzado. También le pidió trabajar de la mano con las gobernaciones de los departamentos afectados para proteger a los docentes y disponer de los recursos e infraestructura necesarios para atender a la población, en caso de eventos como desplazamiento forzado.

A las gobernaciones y alcaldías de la región, en alianza con entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), les solicitó adoptar medidas de prevención temprana y protección urgente para comunidades en inminente riesgo.

Las autoridades civiles y de fuerza pública a las que la Defensoría les llamó la atención por una posible escalada de violencia en estos departamentos tendrán que informar qué acciones tomaron para responder a la alerta temprana. De ese modo, la entidad espera que en los siete departamentos su llamado sí sea escuchado y no se escale la crisis, como sucede actualmente en el Catatumbo.

Cabe recordar que la Defensoría explicó que una de las alertas tempranas se emitió luego de que se levantara el cese al fuego con el ELN, por lo que era previsible que se desatara la fuerte oleada de violencia, que llevó al presidente Petro a declarar el estado de conmoción interior.

Asimismo, la Defensoría reportó en el comité territorial de justicia transicional, realizado el pasado jueves, más de 36.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, Ocaña y Tibú. El ICBF hablaba de 1.500 a 1.800 menores desplazados en Cúcuta, más de 1.000 en Ocaña y 600 en Tibú. La cifra más sólida es la de los cuerpos que están en proceso de identificación por Medicina Legal. Hasta el martes por la noche, se tenían 35 cuerpos, de los cuales 33 ya habían sido identificados.

De acuerdo con la entidad, a pesar del riesgo de confinamiento en los municipios afectados, algunos habitantes han logrado escapar, ya sea por sus propios medios o en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, especialmente para firmantes de paz, líderes e incluso niños y niñas, quienes enfrentan un alto riesgo de ser secuestrados o asesinados.

Paola Martínez Burgos