Antioquia se rajó con la desnutrición infantil y ahora debe responder con estrategias integrales: ¿parches o soluciones?

La alarmante situación de la desnutrición infantil en Antioquia ha llegado a un punto crítico. El gobernador, Andrés Julián Rendón, se ha visto obligado a declarar la desnutrición aguda en niños menores de cinco años como un “evento centinela”, buscando, según sus palabras, “garantizar una atención prioritaria en la región”. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿es esta declaratoria una medida proactiva o una simple reacción tardía ante una crisis que lleva tiempo gestándose?

La preocupación del gobernador se centra, principalmente, en las zonas rurales, donde, según él, “la gran mayoría de menores afectados corresponden a comunidades indígenas”. Esta afirmación, aunque reconoce una realidad innegable, también plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas públicas previas y la atención brindada a estas comunidades históricamente marginadas. ¿Por qué se ha permitido que la situación llegue a este extremo?

En un encuentro con mandatarios, Rendón declaró: “Esto es un asunto prioritario. Es importante que ustedes nos ayuden a estar muy alertas, a crear los protocolos, los caminos y vehículos de comunicación, que sepan que somos aliados de ustedes y los primeros corresponsables en la lucha contra el flagelo del hambre. Esto no se puede hacer sin la ayuda de ustedes que están en territorio. Aquí hay un equipo técnico y hay recursos, seguro no los suficientes, pero sí los que nunca habían existido acá”. Esta última afirmación, “recursos que nunca habían existido acá”, resulta, como mínimo, controvertida. ¿Acaso implica que la desatención a esta problemática ha sido sistemática? ¿O que los recursos destinados anteriormente no fueron gestionados de manera eficiente?

Tras la declaratoria, la Gobernación de Antioquia anuncia un aumento en la “vigilancia epidemiológica” y el fortalecimiento de la “ruta de atención integral”. Estas medidas, aunque necesarias, no abordan las causas estructurales de la desnutrición. Se requiere una inversión sostenida y un enfoque integral que incluya el acceso a alimentos nutritivos, agua potable, saneamiento básico y atención en salud.

Desde las regiones, la alcaldesa de Frontino, Luz Gabriela Rivera, señaló la “responsabilidad desde los municipios, de hacer una vigilancia constante, con los equipos de salud, con el sistema educativo y con todos los actores, para que prevengamos la mortalidad y la morbilidad asociada a la desnutrición”. La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental, pero no exime a la Gobernación de su responsabilidad principal.

Como parte de las acciones anunciadas, se entregarán 190 mil paquetes de alimentación y se realizará un acompañamiento a unas 26 mil familias gestantes, lactantes y con niños menores de cinco años. Si bien esta ayuda es bienvenida, no debe considerarse una solución definitiva. La entrega de paquetes alimentarios debe ir acompañada de estrategias a largo plazo que promuevan la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades.

En conclusión, la declaratoria de desnutrición aguda en Antioquia es un llamado de atención urgente. Sin embargo, no basta con declaraciones y medidas paliativas. Se necesita una profunda reflexión sobre las políticas públicas implementadas hasta el momento y un compromiso real con la erradicación de las causas profundas de la desnutrición infantil. De lo contrario, nos encontraremos repitiendo este mismo ciclo de crisis y respuestas tardías. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos ante un punto de inflexión o ante un nuevo capítulo de una historia de desatención?

Humberto ‘Toto’ Torres