Continúa el escándalo por presunto hurto de bienes incautados a Carlos Felipe Toro.
La Fiscalía imputó a Juan Carlos Vargas Suárez, exfuncionario de la SAE, por el delito de peculado debido a la desaparición de bienes de Carlos Felipe Toro Sánchez, alias ‘Pipe Montoya’. Entre los bienes desaparecidos, que estaban bajo custodia entre 2021 y 2022, se encuentran 10 lingotes de oro y 69 relojes de lujo, los cuales a la fecha no han sido recuperados.
Entre las propiedades bajo custodia se encontraban barras de oro, que, según el dictamen de peritos certificados, serían en realidad listones metálicos, así como una colección de relojes de alta gama, cuyo valor total superaría los 1.300 millones de pesos. Estos bienes fueron guardados en una caja fuerte ubicada en un criadero de caballos de paso fino en Tenjo (Cundinamarca). Sin embargo, cuando se intentó recuperar los elementos para entregarlos a un nuevo depositario, no fueron encontrados.
https://x.com/FiscaliaCol/status/1857425913731854762
El depositario no ofreció ninguna explicación sobre el paradero de los bienes extraviados, lo que llevó a un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción a acusarlo de incumplir con su responsabilidad de custodiar y asegurar los activos confiados, los cuales se presumen de origen ilícito.
Ante esta situación, exfiscales de extinción de dominio, miembros de la Dijín y funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encuentran en el centro de la controversia, en medio de acusaciones que los señalan por posibles actos de lavado de activos y mal manejo de la evidencia. Las investigaciones apuntan a irregularidades en la gestión de los bienes incautados a Carlos Felipe Toro, un caso que ha levantado serias preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de los recursos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría, al menos 10 personas que prestan sus servicios tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Policía Nacional y la SAE están siendo investigadas por su presunta implicación en el hurto de los bienes incautados. Estas acusaciones han generado un gran revuelo, puesto que involucran a altos funcionarios encargados de la administración de los activos que, en teoría, deben ser resguardados y gestionados con total transparencia.
Juan Joya