Fiscalía investiga irregularidades en intervención a EPS Sanitas: Keralty considera otras medidas legales

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación preliminar sobre posibles irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. Este proceso forma parte de una indagación más amplia sobre corrupción en el sector salud.

Este lunes festivo, el equipo jurídico de Keralty, el grupo empresarial dueño de EPS Sanitas, reveló que la Fiscalía anexó la denuncia presentada por su apoderado, la cual incluye un presunto prevaricato por acción, a una investigación macro en curso.

La intervención a EPS Sanitas, una de las más grandes del país con casi 6 millones de afiliados, se decretó por un año. En los próximos días, se espera un informe del estado actual de la entidad por parte del interventor designado, Duver Vargas.

El abogado de Keralty, Juan David Riveros, ha señalado que se han emprendido diversas acciones legales contra el superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal, incluyendo una recusación y acciones en instancias internacionales para proteger los intereses de la compañía bajo tratados internacionales de protección de la inversión.

“Nosotros hemos pedido en la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, una vez evidencie esta situación de ilegalidad que manifestamos, se convoque una audiencia ante jueces penales para que un juez tenga la posibilidad de suspender el efecto del acto (intervención). Seguido a lo anterior, consideramos que el superintendente estaba impedido para conocer cualquier asunto con la EPS Sanitas y esto es porque en sus redes sociales ha hecho comentarios que demuestran la animadversión que tiene contra la EPS. Esperamos que se separe de todo lo relacionado con el conocimiento de este asunto”, explicó Riveros.

La denuncia, radicada el 15 de abril, busca que los jueces convoquen a una audiencia para restablecer los derechos de la EPS y permitir que sus accionistas recuperen la administración de la entidad. Además, Keralty evalúa instaurar otras medidas legales, como una tutela y acciones civiles, para restablecer sus derechos y compensar los perjuicios causados por la intervención.

En el ámbito internacional, Keralty someterá la situación al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y trasladará el caso a la relatora del derecho a la salud física y mental de la ONU. Los inversionistas extranjeros de Keralty también han informado al ministro de Comercio Exterior su intención de formalizar una disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión.

Este es un desarrollo crucial en el sector salud colombiano, ya que las decisiones tomadas en este caso podrían tener implicaciones significativas para la administración y regulación de las EPS en el país.

Humberto ‘Toto’ Torres