La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra funcionarios de la SIC

Tras encontrar irregularidades en su visita administrativa a la Registraduría, el ente regulador tomó la decisión de iniciar una investigación contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Por medio de un comunicado, la Procuraduría dio a conocer a quiénes está dirigida esta investigación. “La investigación se abrió contra el superintendente delegado para la protección de la competencia y otros ocho funcionarios y contratistas de la SIC”, se lee en el oficio publicado por esta entidad.

Asimismo, se conoció el nombre de los funcionarios de la SIC contra quienes se adelanta esta investigación: Francisco Melo Rodríguez, Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara, Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique y José Miguel Moreno Reina.

De igual manera, el organismo de control indicó cuáles fueron los aspectos que han tenido en cuenta para adelantar esta pesquisa: “La SIC solicitó acceso a información relacionada con el censo electoral que es de carácter reservado, y requirió copias espejo de correos electrónicos, computadores y teléfonos celulares que son de uso personal, entre otras irregularidades”.

¿Por qué se da esta investigación hacia los funcionarios de la SIC?

Las indagaciones a estos funcionarios se llevan a cabo, tras conocerse que se presentaron irregularidades en su visita a la Registraduría Nacional, en la que la SIC habría solicitado información relacionada con el censo electoral, la cual es de carácter reservado. Asimismo, estas se habrían realizado por contratistas de prestación de servicios y no por funcionarios públicos de la entidad.

Ante estos hechos, el organismo de control dio a conocer que: “Abrió investigación con el fin de determinar la responsabilidad disciplinaria en las posibles vulneraciones al ordenamiento jurídico, así como a las garantías fundamentales del debido proceso y la coacción para entregar información personal asociada al derecho a la intimidad de los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

 Natalya Baquero