El Tribunal de Barranquilla de Justicia y Paz rechazó la solicitud de libertad extraordinaria para el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue designado como gestor de paz por el Gobierno Nacional. Esta decisión se basa en la consideración de que otorgarle este beneficio equivaldría a concederle un indulto por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El magistrado de control de garantías del Tribunal de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez, ha argumentado que existen serios vicios en la resolución presidencial que designó a Mancuso como gestor de paz, ya que en la práctica generaría la figura de un indulto, aplicable únicamente para delitos políticos, y no para crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Con 33 medidas de aseguramiento en su contra por su presunta responsabilidad en más de 34.000 crímenes y otros graves delitos, Mancuso enfrenta un panorama legal complejo. Además, otras 14 medidas de aseguramiento emitidas por un magistrado de Bogotá pesan sobre él.
La procuradora delegada Diana Niño ha expresado su oposición a la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura contra Mancuso, señalando la falta de claridad por parte del Gobierno Nacional sobre el alcance de su papel como gestor de paz. Niño ha afirmado que esta solicitud de “libertad extraordinaria” debe basarse en fundamentos coherentes y explícitos por parte del Gobierno.
Salvatore Mancuso, por su parte, ha defendido su nombramiento como gestor de paz y ha afirmado que su objetivo es facilitar el diálogo con grupos armados como el Clan del Golfo para cerrar el capítulo de Santa Fe de Ralito. Mancuso ha solicitado la participación de organismos internacionales y países amigos como garantes y verificadores de esta labor.
La decisión del Tribunal de Barranquilla representa un revés para Mancuso y plantea interrogantes sobre el alcance de su papel como gestor de paz en el contexto del proceso de Justicia y Paz en Colombia.
Sala digital Colmundo