Envían a la cárcel a presuntos responsables del incendio de la Registraduría en Gamarra

Los procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio a la sede de la registraduría municipal. 

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco de los presuntos responsables de los hechos violentos registrados el pasado 28 de octubre en Gamarra (Cesar), en los que falleció una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras seis personas quedaron heridas, dos de ellas con diagnóstico reservado. 

Los procesados son:  Isaías Peña Oliveros, Yuberlis Bermúdez Rubiano, William Castro Torrado y Wilfrido Campos, a quienes una fiscal delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa e incendio. Entre tanto, el otro investigado es Julio Rojas Marín, imputado por el delito de violencia contra servidor público. 

Los vinculados no aceptaron los cargos y, en atención al contundente material de prueba aportado por la Fiscalía, una juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad, para Rojas Marín en su lugar de residencia y para los demás en establecimiento carcelario. 

La investigación revela, que en la mañana del pasado 28 de octubre, un grupo de personas se congregó en una estación de servicio de Gamarra y marchó por una decisión que consideraba opuesta a sus intereses políticos. 

Fueron videos y otras evidencias obtenidas por el CTI de la Fiscalía señalan que una multitud aprovechó la movilización para irrumpir violentamente a la sede electoral, en medio de la resistencia de policías y otros funcionarios. El entonces candidato al Concejo de Gamarra, Julio Rojas Marín, al parecer, participó en la arremetida, golpeó a la registradora municipal con puño y patadas, y destrozó papeles, computadores y otros elementos. 

Por otro lado, se confirmó que los demás procesados estarían involucrados en la planeación y ejecución del incendio a la sede de la Registraduría, con el objetivo de incinerar el material electoral. 

Así las cosas, para el ente acusador Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, habrían ocultado y trasladado una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y Wilfrido Campos son señalados de recibir el combustible y ayudarle a la persona que lo roseó e inició el fuego, que terminó por ocasionarle la muerte a una servidora, generar graves heridas a otros funcionarios e incinerar la sede de la entidad. 

Juan Joya